La deuda viva del Ayuntamiento de Ciudad Real se reducirá en 12 millones de euros en el horizonte 2015-2018, según recoge el plan presupuestario que ha elaborado la Concejalía de Hacienda y que refleja que dicha deuda pasará de los 32 millones de este 2015 a 29,2 en 2016; 23,1 en 2017 y a 20 en el año 2018. Este dato lo dio a conocer ayer el concejal del ramo, Miguel Ángel Poveda, quien detalló que destinarán «más dinero a amortización y menos a intereses», por lo que el dinero que ahorren en el pago de la deuda lo destinarán a otra finalidad.

Lo dijo en un Pleno con un marcado carácter económico en  el que no sólo se refirió a ese plan presupuestario para los sucesivos ejercicios, sino que también dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2014, que se cerró con un superávit de 6,6 millones de euros. Además, aseguró que el Ayuntamiento cumple con la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda, así como con un plan económico-financiero como consecuencia de haber sobrepasado la regla de gastos en 2013. Para Poveda, todos estos reflejan «la situación de solvencia» de las cuentas municipales.

Sin embargo, la socialista Pilar Zamora afirmó que, simplemente, estaban «cumpliendo la ley» y pidió que esos datos reviertan en una ciudad que tiene más de 8.000 parados. Por su parte, la concejala de IU, Carmen Soánez, instó al equipo de Gobierno a no dar «por perdido» el saldo de dudoso cobro que se contempla en la liquidación e «insistir» para tratar de cobrarlos.

El expediente para reconocer extrajudicialmente un crédito volvió a enfrentar a un equipo de Gobierno que argumentó que la finalidad era pagar facturas procedentes de años anteriores que no habían tenido entrada en el Consistorio y una oposición que denunció la forma de gestionar la economía local, con modificaciones de crédito prácticamente «en cada Pleno». Por ello, sólo contó con el voto a favor del PP y en contra de PSOE e IU.

Precisamente, la moción conjunta de ambos grupos de la oposición para reclamar actuaciones en el barrio Camino Viejo de Alarcos fue uno de los puntos más álgidos del Pleno, puesto que la oposición reclamó medidas para el acceso, el alumbrado, la limpieza o el arreglo de socavones, mientras que el PP recordó que el suelo en el que está previsto construir una rotonda es privado y, por tanto, tendrían que expropiar e invertir «alrededor de un millón de euros». Así pues, plantean un proyecto provisional que se aprobará el lunes y que pasará por el Camino de Campillo, que es público. En este punto, la alcaldesa subrayó que siempre ha actuado con «equidad y justicia» y han realizado actuaciones «en todos los barrios», por lo que negó la acusación del socialista Alberto Lillo de invertir sólo «en el centro».

El PP también votó en contra de una moción de IU sobre empleo juvenil y de otra para ampliar la plantilla de mantenimiento.