El proyecto del nuevo recinto ferial en Alcázar de San Juan, bajo la denominación de Ciudad de Ocio y Comercio, se encuentra en estos momentos paralizado por la decisión del Tribunal Administrativo Central (el mismo que envió al punto inicial la adjudicación del contrato para el socio privado de Aguas de Alcázar). El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tomado esta decisión mientras analiza los recursos presentados contra la licitación de un proyecto que tiene en el horizonte una fecha límite para la ejecución de las obras:el 16 de marzo de 2015. Hasta hoy, dos de las empresas participantes en el concurso y el PSOE de Alcázar han presentado recursos contra la adjudicación realizada a Isolux-Corsán y Hacienda, como sucedió en el proceso de Aguas de Alcázar, ha paralizado el procedimiento hasta que tome una decisión. Aun así, el alcalde de Alcázar se muestra convencido de que el proyecto «cumplirá los plazos».

Este proyecto cuenta con una inversión cercana a los ocho millones de euros, financiados en buena parte por fondos europeos a través del programa Feder. En total, desde Europa van a llegar cinco millones de euros para la ejecución de las obras, que deberán estar terminadas antes del próximo 16 de marzo. Diego Ortega asegura que este plazo «se cumplirá», a pesar de que el proyecto se encuentra paralizado por Hacienda. «La adjudicación está realizada, pero se encuentra en estos momentos a expensas de lo que decida este tribunal», confirma el primer edil alcazareño, que reconoce los retrasos que lleva acumulados hasta la fecha el nuevo recinto ferial y señala en una dirección como causa de los mismos: el PSOE.

«Hay unos plazos y unos límites que tenemos que cumplir, y el PSOE lo que quiere ahora mismo es que no los cumplamos», afirma Ortega, que compara a los socialistas «con el mono amaestrado que sabe qué tecla tocar para que caiga el caramelo, porque recurren una y otra vez al Tribunal Administrativo para que paralice el proceso, intentando así que no cumplamos con los plazos».

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