Mientras unas 80 parejas de españoles denuncian un nuevo cuello de botella en Kiev por el retraso de las inscripciones de sus bebés por gestación subrogada en el Registro Civil, el PSOE planea en España regular los vientres de alquiler a través de un informe interno que propone penalizar a las agencias intermediarias en esta práctica y a los que acuden a ellas, y agilizar las adopciones. Se trata de un documento elaborado por un grupo de expertos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad socialista en el que participa la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este comité, Altamira Gonzalo. 

La representante asegura que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en el país «se penaliza el tráfico de personas», y califica esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, al igual que los matrimonios forzosos o la mutilación femenina, como recoge el Convenio de Estambul (2014).

El informe de los expertos busca modificar el artículo 221 del Código Penal para así sancionar la firma de contratos y la intermediación, e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU, que prohíba estos procedimientos.

Como alternativa, apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, «la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores».