El médico acusado de no asistir a un moribundo culpa a la Guardia Civil

Pilar Muñoz
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La fiscal censura la conducta «pasiva» del facultativo y recalca en la primera sesión del juicio con jurado que al no salir a asistir a la víctima le privó de la oportunidad de seguir con vida

El acusado, de pié, dialoga con la Juez. - Foto: Tomás Fdez. de Moya

«Me siento agraviado, aquella noche estábamos dos médicos en Urgencias cuando llegaron dos guardias civiles diciendo que en la vía pública había un hombre inconsciente. Yo no podía salir del hospital, no me lo permiten, para eso está el 122. Mi función está definida por Real Decreto para trabajar dentro del hospital, el 112 en la calle y el médico de Atención Primaria en las casas. Pero me interesé por el paciente y llamé al 112 para ver qué pasaba. Los guardias civiles habían dado a este servicio una información equívoca, no informaron adecuadamente al 112 por lo ineptos que son».

Así lo declaró ayer el médico de Urgencias del hospital de Manzanares que vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ciudad Real para responder ante un nuevo jurado, siete mujeres y dos varones (además de los suplentes) de un delito de omisión del deber del socorro. «No haber hecho nada, no socorrer» a un joven de 23 años que murió tras sufrir un desvanecimiento a unos metros de la puerta del centro hospitalario el 12 de febrero de 2008.

No se le juzga por homicidio imprudente, sino por denegar una asistencia a un enfermo y, por ello, «una pérdida de oportunidad de salvarle la vida». «No hizo nada por él», remarcó la fiscal del caso Victoria García Gavilanes que pide para el acusado Bernardo C. R., de 60 años y nacionalidad dominicana, una pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión: la Medicina, además de una indemnización en concepto de responsabilidad civil para los padres, su entonces mujer y la hija que estaba a punto de nacer y no pudo conocer.

Nada que ganar ni perder. La fiscal García fue clara en su exposición consciente de que no es un Tribunal profesional el encargado de enjuiciar los hechos, sino un jurado popular. De este modo, remarcó que el Ministerio Público dirige la acusación contra una persona cuando existen pruebas.

El fiscal «no tiene nada que ganar ni perder con una sentencia condenatoria», apuntó para, a renglón seguido, incidir en que hay pruebas que hablan de una «conducta pasiva» del médico, que «no hizo lo que debía conforme a la ley y obligaciones», en clara alusión al Código Penal. «No se puede contradecir lo dispuesto por el Código Penal que es la norma por la que nos regimos todos» y que contiene «dos principios básicos y morales». Y tampoco se puede contradecir a la propia Constitución ni al «Código Médico», dijo la fiscal tras recalcar que la profesión médica está al servicio del paciente y de la sociedad. Además, subrayó, el Código Deontológico Médico va más allá y, a modo de ejemplo, señaló que hasta en casos de huelga el médico debe prestar asistencia médica.

Cuando la Guardia Civil acudió en busca de un médico al hospital de Manzanares el acusado estaba de servicio en Urgencia y su conducta fue «totalmente reprobable por la falta de solidaridad y humanidad», arguyó la fiscal Victoria García Gavilanes.

 ¿Dónde ha quedado el juramento hipocrático? se preguntaron la fiscal y la abogada María del Carmen Nieto- Márquez Criado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del fallecido Carlos Manuel A. M.

El médico no se arrugó y respondió a esta y a todas las preguntas de un largo y tenso interrogatorio al que fue sometido dando muestras de un carácter altanero y hasta insolente en alguna ocasión cargando contra la Guardia Civil, la Policía Local e incluso el juez de instrucción.

Bernardo C. R. aseguró que nunca ha incumplido el juramento hipocrático ni el Código Deontológico ni la Constitución española. Hizo hincapié en el Real Decreto que regula su función. «Yo no podía salir del hospital porque tenía 18 pacientes en Urgencias, en observación, todos monitorizados y pendientes de ver su evolución. Según el Real Decreto, «los servicios nuestros están dentro del hospital. No me puedo ir a Membrilla a ver un paciente si estoy en Manzanares», ironizó como también al ser preguntado por qué firmó la declaración prestada ante el juez instructor sin leérsela, porque «hubiera firmado hasta la pena de muerte» dada la situación de «estrés» que asegura le hicieron pasar.

Insistió en que la Guardia Civil no transmitió la gravedad del enfermo. «Yo les pregunté que si habían llamado al 112 y cuando me dijeron que sí, les respondí que ya estaría con el paciente porque los tiempos de respuestas son de tres o cuatro minutos». Por «responsabilidad», porque «no soy negligente llamé al 112 y hablé con la médico y cuando me dijo que habían enviado una ambulancia convencional le manifesté que enviara una UVI porque es más rápido».

En esta línea de descargo, afirmó que aunque hubiera salido, incumpliendo el citado Real Decreto poco podía haber hecho porque no tenía material, desfibriladores. «¿Pero tiene manos para haber hecho un masaje?»

El médico declaró que «estoy preparado para aplicar una Medicina de calidad en mi servicio». «¿Su Medicina de calidad es ir a llamar por teléfono en lugar de salir a socorrer a un enfermo?», le espetó la letrada de la acusación a lo que respondió que «no podía dejar mi puesto, a los pacientes».

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