Las Cortes aprobaron ayer la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, que, entre otras cosas, deja a la Junta intervenir en casos de menores de «conducta inadaptada». Se trata de una de las novedades de la normativa que por primera vez obliga al Gobierno a actuar en estos casos en los que los comportamientos de los menores «perturben gravemente la convivencia en su entorno familiar y social».  La declaración de un menor de conducta inadaptada tendrá que ser acordada por la Comisión provincial de Tutela y Guarda de Menores y puede activarse por la petición de auxilio de los padres, si los servicios sociales lo proponen o a raíz de una denuncia de un particular.

La Ley también especifica cuál será la respuesta de la Junta. Será un proyecto de intervención familiar y solo cuando no hubiera otra salida se procedería al ingreso temporal en un centro. El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, confirmó que esta nueva figura es una  «propuesta más moderna» y que no «criminaliza al niño». En ese sentido se pronunció también la portavoz del PP para esta Ley, Pilar Martínez Peñarrubia:«No es la estigmatización del menor, sino prevenir».

El PSOE no votó a favor de la ley, pero se abstuvo «por responsabilidad, porque se trata de una materia sensible», justificó su portavoz, Matilde Valentín. Ahora bien, dejó claro que por el texto se merecía un castigo mayor:«Si solo tuviéramos el contenido, deberíamos votar en contra porque no aporta nada nuevo, ni programas, ni presupuestos». Entre otras cosas, la ley permite la prohibición del uso del móvil en los centros educativos y obliga a los padres a vigilar que sus hijos hagan un buen uso de Internet.