La empresa Porgesa anunció ayer su intención de presentar una reclamación ante el Ayuntamiento de Ciudad Real para solicitar el cobro de los 30.368,88 euros que según la compañía se le adeudan como consecuencia de una ampliación del número de luces que se instalaron en la Navidad de 2014 y que se hizo fuera del pliego por parte del anterior equipo de Gobierno municipal. Si en el plazo de tres meses no obtienen respuesta del Consistorio a esta reclamación o no es favorable al abono de estas cantidades, la empresa optaría por la vía de los tribunales y acudirá al juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según informó a La Tribuna Antonio Benítez Ostos, representante legal de la compañía con sede en la provincia de Córdoba.
El letrado explicó que ayer mismo mantuvo un encuentro con el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, y con la concejala de Festejos, Manuela Nieto, para analizar la situación y, según dijo, en ese encuentro se le trasladó la intención del Ayuntamiento de poner en marcha una comisión de investigación en la que se aclare si hubo un posible encargo fuera del pliego, tal y como reclama la empresa. Para verificarlo, dicen disponer de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp. La propia empresa ha manifestado su interés de estar presente en esa comisión, que podría reunirse «en marzo o abril», por lo que así lo solicitará junto a la reclamación que remitirá al Ayuntamiento de Ciudad Real.
El abogado afirmó que la empresa Porgesa fue adjudicataria de un contrato menor por unos 13.000 euros, pero que posteriormente se llevó a cabo «una ampliación irregular, sin la concurrencia competitiva» por algo más de 30.000 euros. Añadió que se hizo de manera verbal y que la empresa atendió a los principios «de buena fe y confianza legítima» que tenía hacia el propio Consistorio, ya que se trata de una administración pública. Asimismo, comentó que en casos similares que han defendido desde su despacho, se han visto obligados al pago porque si no la administración se beneficiaría de «un enriquecimiento injusto». La empresa trata de poner fin a esta solución por la vía administrativa, primero, mediante la mencionada reclamación, y, de no ser posible, acudirá a los tribunales.