2017 es el primer ejercicio completo en el que se ha aplicado el Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de la Violencia de Género. Se trata de un documento que surge de aplicar el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se recoge, como una obligación que los integrantes de la policía judicial, hacer una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas policiales deben adoptarse. Un cuestionario en el que se valoran 39 indicadores y entre los que se incluyen aspectos sobre la conducta del agresor, como la relación con familiares, consumo de drogas o alcohol. De las respuestas de las víctimas se deduce un nivel de riesgo y unas medidas a aplicar entre las que está la protección, el seguimiento o el acompañamiento policial, para todas aquellas que se encuentren en un riesgo bajo, medio, alto o extremo. Este tipo de protección la tenían 298 mujeres al cierre de 2017