Entramos ahora en terreno nacional, ministro. La reforma de Tribunal Constitucional ha motivado bastante revuelo político. ¿Tiene alguna relación con el proceso soberanista Catalán? ¿Por qué decide hacerse ahora?
La proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados va orientada clarísimamente a reforzar nuestro Tribunal Constitucional (TC) porque pretende dotarle de instrumentos para que haga efectivas sus resoluciones. Ese es el eje de la propuesta. Adicionalmente se podrá analizar si el momento y si la situación en Cataluña tiene alguna influencia. Pero lo cierto y verdad es que la reforma, si se analiza, trata de atribuirle al TC una serie de competencias y capacidades que hoy no tiene, y que sin embargo el poder judicial sí que tiene. Cuando el poder judicial dicta una sentencia y no se ejecuta, cuenta con una serie de mecanismos para garantizar la ejecutividad de las sentencias. Hoy nuestro TC no lo tiene y se ha constatado recientemente, y en el pasado también, que hay ocasiones en la que alguna resolución del TC quedaba inejecutada por falta de estos procedimientos. Ese es el objetivo fundamental, fortalecer a nuestro TC. Por eso las críticas en torno a esta figura a mi me hacen pensar que los únicos que pueden tener interés en que el TC no tenga estas capacidades son aquellos que pretenden incumplir sus resoluciones. Es verdad que en el Gobierno de la Generalitat en Cataluña hay algunos casos que esto ha pasado. No es una medida en absoluto dirigida para abordar un problema concreto. Es una reforma que tendrá carácter general, que permanecerá en el tiempo y fortalece al TC, lo cual es una buena noticia para una sociedad democrática y un estado de derecho.
¿No es entonces una medida oportunista?
En absoluto.
¿Es viable jurídicamente Cataluña fuera de España?
La Constitución española en sus primeras palabras del Preámbulo habla de la ‘Nación española’, por lo tanto la única nación que existe en España es la española y, por lo tanto, las Comunidades Autónomas, las nacionalidades y regiones tienen una capacidad de generar un modelo de autogobierno extraordinario -que es lo que hemos construido en estos últimos 37 años-, cuentan con un parlamento regional, con un gobierno, con unas competencias en multiplicidad de servicios públicos. Se han legitimado ciertamente las comunidades autónomas en ese modelo de autogobierno tan desarrollado. Ese es el modelo que tenemos en la Constitución. Es el modelo acordado en nuestra norma de convivencia compartida que, insisto, es la Constitución, por lo que nadie puede estar al margen de las leyes. Ningún gobierno puede estar al margen de las leyes, ningún parlamento regional tienen ninguna legitimidad por encima del ordenamiento jurídico, por lo que es inimaginable que ningún gobierno ni ningún parlamento autonómico promuevan un proceso que vaya en contra de nuestra Constitución. Y si así sucede, nuestro estado de derecho tiene fórmulas e instrumentos dentro del equilibrio y el regular funcionamiento de las instituciones para impedir que así sea.
¿Qué debe hacer el Gobierno de España en caso de que, tras las elecciones catalanas, triunfen los planteamientos de Artur Mas?
Confío en primer lugar que eso no sea así, porque los electores llamados el 27 de septiembre sepan valorar en primer lugar que se puede y es muy conveniente seguir teniendo la condición de catalán, español y europeo; que Cataluña es una pieza fundamentalísima de España y lo ha sido en los últimos siglos de nuestra historia compartida y común, que es una historia de éxito, de realizaciones, de conquistas democráticas, de conquistas de bienestar social, de conquistas económicas. Eso ha sido gracias a la convivencia compartida entre todos los españoles y, por lo tanto, de los catalanes con los del resto de comunidades. Esa idea de convivencia democrática y de desarrollo económico es la que tenemos que ser capaces de trasladar a toda la sociedad española y, en particular a los catalanes, para que sigan queriendo estar juntos en este gran proyecto que es España. Pero es que, además, eso tiene también unas consecuencias económicas. El estado de bienestar, el desarrollo económico, industrial, financiero, tecnológico que tiene Cataluña lo tiene en gran medida porque forma parte de España y de Europa. Fuera de España y de Europa la situación de Cataluña sería terrorífica en términos de riqueza económica -unos estudios lo han cifrado en una pérdida de un 25% del PIB-; se perderían todas las ayudas características de formar parte de Europa -la PAC son unos 400 millones de euros, que es casi un 30 por ciento de la renta que tienen hoy los agricultores catalanes-; toda la industria catalana de manufacturas, textil, farmacéutica, automovilística, dejaría de tener las facilidades de exportación que ahora tiene y estaría sometida a aranceles y no podría vender como vende con esa naturalidad al resto de España y de Europa. Se limitaría la movilidad porque estaría fuera de Schengen. Son tantos los perjuicios concretos y materiales que estoy seguro que los catalanes, que se han caracterizado entre otras cosas, además de por su iniciativa, creatividad, impulso, también por su sentido común, no van a votar a favor de una aventura que nadie sabe dónde les lleva, y en todo caso les lleva a un escenario de empobrecimiento y de pérdida de calidad de vida, además de pérdida de calidad democrática. Por lo tanto, espero que ese sea el resultado de las próximas elecciones y tengamos por delante muchas décadas de convivencia democrática y de bienestar para todos los españoles.