El campo de la provincia ha ganado más de 12.000 hectáreas de regadío en los diez últimos años, de manera que la superficie total de riego registrada en la provincia se cifraba en 2017 en 209.015 hectáreas, frente a las 196.911 del año 2007, así lo pone de la manifiesto la Encuesta sobre superficies y rendimientos del cultivo que realiza cada año el Ministerio de Agricultura con el que hace una fotografía del campo provincial y para remitir estos datos a Europa, donde se articula la Política Agrícola Común (PAC) y las medidas y ayudas que se atribuyen a los agricultores. Con las cifras recogidas en el ejercicio 2017, el último publicado por el Ministerio que dirige ahora Luis Planas, la provincia de Ciudad Real cuenta con 763.844 hectáreas de secano frente a casi 210.000 de regadío, lo que ponen de relieve que, mientras que las explotaciones de regadío han crecido, las de secano han experimentado un descenso, puesto que en el año 2007 había hasta 843.387 hectáreas de secano. Por lo que respecta a las más de 12.000 hectáreas de regadío que ha sumado el campo de la provincia en la última década, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real, considera que es consecuencia de dos factores principalmente.

En primer lugar, lo atribuye a la regularización de los pozos y superficie que estaban regando antes del año 1985, «que se han reclamado por los intereresados y la administración, teniendo los derechos oportunos, se los han ido reconociendo», explicó el gerente de la asociación agraria, Agustín Miranda, quien recordó que es una posibilidad que permite la legislación para aquellos agricultores que puedan demostrar «que se estaba regando antes de 1985», motivo por el que se han inscrito esas explotaciones de regadío.

La segunda causa del incremento de la superficie de riego se debe, según Miranda, a la posibilidad que existe por parte de los agricultores de solicitar concesiones públicas a la administración, en concreto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), para la captación de agua, con una limitación de 7.000 metros cúbicos por explotación, a excepción de las zonas donde haya una sobreexplotación de los acuíferos.