El Ayuntamiento de Ciudad Real está trabajando para sacar un contrato menor para adjudicar a una empresa la labor de inspección de piscinas privadas de comunidades de vecinos, una función que tienen que asumir los consistorios de los municipios de más de 20.000 habitantes en virtud del nuevo decreto (72/2017) que salió en octubre y que ya está en vigor. El concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, explicó a La Tribuna que «el Ayuntamiento no tiene capacidad técnica» para desarrollar esta primera inspección que le exige la nueva normativa y, de hecho, comentó que cada vez los consistorios tienen que asumir más funciones, pero tienen menos personal para ello, puesto que tienen las limitaciones de las llamadas ‘leyes Montoro’ y de ahí que el Consistorio busque su adjudicación a una empresa privada.

Desde el servicio de Salud Pública de la Delegación de Sanidad informaron a este diario que se trata de uno de los cambios que ha introducido el mencionado decreto, por lo que los municipios de más de 20.000 habitantes, es decir, Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Tomelloso y Valdepeñas, ya no podrán solicitar la colaboración de este servicio de la Junta de Comunidades para realizar las mencionadas inspecciones, sino que deberán correr a su cargo. «Antes para las piscinas de uso privado, que son competencia de los ayuntamientos, podían pedirnos la colaboración técnica y se la dábamos, pero este nuevo decreto dice que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que asumirlo ellos», detallan desde el mencionado servicio.