La constancia y el objetivo de la Agencia Tributaria para que todo el mundo tribute lo que le corresponde ha llevado a Hacienda a reclamar en la Audiencia Provincial de Madrid al empresario Agapito García Sánchez una deuda fiscal por la que hoy se va a sentar en el banquillo. Se trata de la persona que figuró en el primer puesto de su lista de morosos de Hacienda  y que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por un fraude de millón y medio de euros en 2009.

A 31 de diciembre de 2016, García Sánchez era el español que más dinero debía al fisco (poco más de 17 millones de euros), si bien en 2017 bajó algún puesto y, según la lista de morosos hecha pública el pasado junio por la Agencia Tributaria, debe actualmente 16,9 millones.

El empresario está acusado de  defraudar 1.583.182,41 euros en concepto de IRPF en 2009 y será la Sección 23 de la Audiencia de Madrid quien juzgue al empresario, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se le imponga una multa de 4.749.547,23 euros (el triple de lo defraudado) y que indemnice al erario público con millón y medio de euros en concepto de responsabilidad civil.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el acusado actuó «con la finalidad de aminorar sustancialmente la cantidad a ingresar al Erario Público en concepto de IRPF», y describe el las prácticas opacas en varios apartados. El primero, alude a la venta el 7 de abril de 2009 de 359.999 acciones de la sociedad Inversiones Intermarkets Sicav por un importe de 4.112.078,88 euros, con lo que registró un incremento patrimonial de 512.083,88 euros.

Estas acciones eran propiedad de Agapito García, ya que él mismo las había transmitido desde su sociedad PM-ADS en el momento en que se extinguió en 2007, según la Fiscalía. La operación fue realizada por orden del empresario a la Agencia de Valores M&G que, a su vez, la transmitió al Banco de Santander, que procedió a la venta y a la liquidación correspondiente, según el relato fiscal.

Fue precisamente en dicha cuenta donde un día más tarde de la venta -el 8 de abril de 2009- se ingresaron 4.112.073.78 euros derivados de la acciones de la Sicav.

La segunda acusación se centra en un préstamo que percibió el acusado en 2009 de su sociedad Mirador de la Dehesa S.L. y que ascendía a 2.663.500 euros. El crédito fue cedido por Mirador de la Dehesa S.L. a Inver PM S.L., de la que es socio único Agapito García y, según la Fiscalía, debió integrarse en la base imponible del IRPF.

El tercer motivo que recoge la acusación argumenta que mediante un contrato suscrito el 6 de noviembre de 2009 entre Agapito García y otro profesional, Juan Luis Rivero, se estableció que el acusado comenzara a percibir 15.000 euros mensuales desde el 1 de septiembre a través de cuatro sociedades de las que era accionista único. Y asegura que esos 60.000 euros debían ser imputados a la base imponible del IRPF de 2009.

Por último, la Fiscalía subraya que tres sociedades que en 2009 formaban parte de su grupo (Mirador de la Dehesa, Inver PM y Valores Pirineos 2 S), realizaron una serie de cesiones de créditos compensados con deudas que estaban registradas en la cuenta «Deseembolsos pendientes sobre acciones».

En la práctica, según la Justicia, se produjo una condonación de deuda a Agapito García.

La sentencia final está en el aire ya que, según GESTHA, Hacienda pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones formuladas contra los contribuyentes.