¿Hay una feminista al frente de la unidad de Violencia de Género?

Yo soy una feminista convencida y con mucho respeto, pero hay actitudes en defensa del feminismo, como que para demostrar que mi cuerpo es un templo me tengo que desnudar, que me parecen de poca consideración hacia la propia persona y la sociedad. Ante esas cosas no me van a encontrar, pero sí en un trabajo, que no puede ser silente, en defensa y en valorar las capacidades de la mujer. Somos el 50 por ciento de la población y tenemos el 50 por ciento de la inteligencia y de la creatividad. Se trata de valorar la capacidad, el esfuerzo y el éxito de las mujeres y valorarlos, porque no tenemos hoy más inteligencia que en el siglo pasado y, en cambio, hoy hay más mujeres que varones universitarias. Yo soy feminista rebelándome totalmente contra la violencia, el maltrato y la falta de respeto, y tengo claro que, efectivamente, es la sociedad, a través de sus instituciones, la que tiene que ir atendiendo a las víctimas.

¿Cómo es el día a día de la unidad?

La actividad consiste en hacer un seguimiento de los casos más relevantes que se producen en la provincia cada día y cada fin de semana para ver cómo se han resuelto. La unidad trabaja desde la Subdelegación junto con la Oficina de Atención a las Víctimas del Juzgado, con la que tenemos una buen relación. Conocemos cuál es el tratamiento que le hacen a la víctima, el acompañamiento o las medidas de discreción. El día a día en esta unidad consiste en el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la cuatro comisarías de la provincia y a través de las cinco compañías de Guardia Civil, normalmente y cuyo trabajo llega a través de un programa que es Viogen y que marca la estadística con todos los casos que se producen y se incorporan, con la valoración del riesgo que han tenido las mujeres que han denunciado. Hacemos un seguimiento desde que la mujer presenta la denuncia hasta que entendemos que se ha frenado el riesgo o bien porque la mujer a través de Instituto de la Mujer solicita una casa de acogida mientras se dicta sentencia o se toman medidas o se resuelve el problema. Hay que tener en cuenta que no siempre se resuelve la situación a través del juzgado, porque son muchas las mujeres que después de poner la denuncia la quitan y eso dificulta mucho el combatir el problema.

Uno de los aspectos que diferencia la labor del Estado respecto a los institutos de la mujer regionales es la protección de las menores víctimas. ¿Cómo es este trabajo con estas víctimas que no tienen los 18 años?

Está sobre la mesa y es una de las medidas más urgentes que trata en el Pacto de Estado. En el eje cuatro, de los diez en que está distribuido, se apunta como filosofía intensificar la vigilancia y la atención a los menores. Esto se va a hacer efectivo a través de las comunidades autónomas porque las protecciones son competencia del Gobierno estatal pero la atención es competencia de las comunidades. Para el pacto se han presupuestado 1.000 millones para los próximos cinco años, con 200 millones en este año, en protección y repartidas entre entidades locales, comunidades autónomas y el propio Estado. Las comunidades autónomas se llevan el 50 por ciento, 500 millones que corresponden a 100 millones por año y se han dotado precisamente para desarrollar en el ámbito de su competencia, la atención a los menores, el seguimiento de los casos de violencia de género para que se visualice y se pongan sobre la mesa todos los tipos de maltrato como la explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzados...

¿Qué ha llegado ya del pacto?

Estamos en plena puesta en marcha de estas medidas, pero queremos que para el primer trimestre, para cuando celebremos el 8 de marzo, ya podamos tener frutos. Llevamos dos meses desde la aprobación por Real Decreto y ahora entra en un proceso de ley. Tengo el convencimiento de que en el primer semestre de 2019 vamos a ver ya rentabilizado este esfuerzo. Yo ya llevo muchos años en esto y sé que solo son eficaces aquellas leyes que son aprobadas por todos los grupos políticos de España y del Parlamento. Todo aquello que es universalmente aceptado y apoyado es lo que verdaderamente tiene proyección de futuro por lo que estoy convencida de que en el medio plazo el pacto va a tener eficacia y visibilidad.

¿Cómo se encaja este pacto con una ley tan transgresora como la ley de violencia de Castilla-La Mancha que marca como violencia de género la económica o la ejercida en las nuevas tecnologías?

La sensibilidad de Castilla-La Mancha ha ido muy lejos y eso hace que los ciudadanos gocemos de la ley, probablemente, más transgresora de Europa. Nada entra en conflicto y lo único que va a pasar es que la aportación de Castilla-La Mancha, que va a recibir cada año cerca de ocho millones de euros, se abonará con la ley y podrá llegar incluso un poco más lejos que aquellas comunidades autónomas que no tengan esta ley y este compromiso.

¿Qué aspectos debe mejorar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

Cuando se tramite la ley, que tiene prevista desarrollar el Pacto de Estado, está previsto que haya alguna incorporación y alguna medida más. Hay una cuestión y es que cuando se produce una agresión se pueden buscar alojamientos para las víctimas. A los menores, no estando incorporados al mismo proceso, se les presta atención a través de los servicios sociales pero nos hemos dado cuenta de que hay un tema no contemplado: los mayores. Cuando una mujer víctima tiene además de sus hijos a sus padres al cuidado, hay que protegerles. A veces por no dejar desatendido el hogar ella vuelve. Si esta mujer no ve resuelto su futuro a largo plazo y en el más inmediato, podemos encontrar que dé la espalda y se vuelve al foco del riesgo.

Uno de los aspectos, quizás más desconocidos que se lleva en esta unidad es la situación de los presos. ¿Cómo es esa relación?

Los maltratadores tienen que sentir la consecuencia que tiene la comisión de un delito. Una de esas consecuencias es la privación de libertad, que es uno de los bienes más preciados del individuo, ya que no puede estar en libertad alguien que no sabe utilizarla, no solo por agredir a su compañera sino también por insultar o vilipendiar a una mujer. Una persona así tiene que sentir las consecuencias de sus actos, ya que toda conducta que no haya tenido consecuencias se va a repetir sí o sí. La privación de libertad existe antes de ponerse a disposición del juzgado y es entonces cuando el juzgado decreta medidas y se pone a disposición de las leyes o de lo que el juzgado va decretando. Ahora bien, si se produce un permiso, el maltratador tiene que declarar dónde va a estar y puede conllevar medidas de protección como la pulsera o el fichaje a las horas en que esté previsto que fiche. Además, si hay un permiso de libertad se comunica a la Comisaría o al puesto de la Guardia Civil para decir dónde va a vivir, para que esté controlado. Fundamentalmente en estas situaciones se le avisa a la mujer que va a estar tantas horas o días en libertad, también se hace si ha decidido incorporarse a un proyecto, para que ella sepa de su agresor y ayude a poner las medidas adecuadas. Hay una coordinación perfecta entre cárceles y fuerzas de seguridad.