Después de 20 años como gerente de una empresa dedicada a la fontanería, la crisis económica le pasó a Germán Reguera la factura más dura de su vida al ver como su negocio entraba en quiebra y no podía hacer frente a los pagos que le exigía el banco. Todos los trabajos de plomería que había ejecutado en una promoción de 50 viviendas nuevas se habían quedado sin cobrar ya que la constructora que le contrató había quebrado dejando a todos los gremios de la obra sin pagar lo adeudado.

No solamente perdía el material que había colocado como calderas, radiadores, tuberías,... ya que no había forma de recuperarlo, sino que, además, no podía hacer frente al pago de la línea de crédito que tenía con su entidad, cuya deuda ascendía a 400.000 euros. Su situación de insolvencia no tenía solución, se vio obligado a entregar al banco la casa y el taller, cerrar la sociedad y, aunque estaba al día con Hacienda y con sus empleados, sin embargo, las entidades le reclamaban unas cantidades que no podía hacer frente de ninguna manera.

Sus gestores le asesoraron para que se acogiera a la Ley de Segunda Oportunidad aprobada por el Gobierno en marzo de 2015. Lo primero que hizo fue intentar un acuerdo mediante un mecanismo de negociación para refinanciar su pasivo en un tiempo prudencial, sin el incremento de intereses y la presentación de nuevos avales. Como no hubo acuerdo, acudió al Ministerio de Justicia donde rellenó un formulario en el que, de una forma sintética, describió su situación personal, económica, las causas de su insolvencia y las razones por las que solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir la deuda que le restaba de liquidar.

A partir de aquí, se designó un mediador concursal que convocó a todos los acreedores para intentar un acuerdo con un plan de pagos que puede durar hasta 10 años, aunque lo más frecuente es que no pase de tres. El juez le concedió una quita y estableció también pagar con la cesión de parte de sus bienes.

La legislación española contempla que, si el mediador no consigue acuerdo extrajudicial, hay que solicitar ante el juzgado la declaración de Concurso Consecutivo y, si se cumplen los requisitos establecidos, entonces el deudor puede solicitar al juez la condonación de las deudas. Si prospera y el magistrado falla a favor del interesado, éste queda exonerado.

La actuación de buena fe del deudor es básica para poder iniciar el procedimiento judicial, de manera que no se le declare culpable en el concurso de acreedores.

Se trata de un camino muy complejo para personas que, en la mayoría de las ocasiones, solo se encargaban de realizar los trabajos y dejaban las finanzas en manos de sus contables. Reguera asegura que después de dos años se está empezando a recuperar del bache y ahora ha encontrado un empleo por cuenta ajena en una fábrica y gracias a la sentencia le han sido perdonadas todas sus deudas, aunque sabe que a los cinco años tendrá una revisión por si pudiera hacerlas frente. 

Como su caso, un juzgado de Pamplona también concedió la liberación de las deudas con carácter definitivo a un autónomo por considerar que había intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo con sus acreedores y que cumplía con todos los requisitos.

También en Madrid, un juzgado de lo Mercantil estimó la condonación de una deuda de 200.000 euros a una persona física que había tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial con sus pagos liberándole de todo el pasivo contraído y evitándole los embargos y las ejecuciones de su patrimonio. 

Según la asociación de trabajadores autónomos ATA, los trabajadores por cuenta propia han sido la principal locomotora de la salida de la crisis en España y, de hecho, de los 600.000 profesionales que cerraron sus negocios se han recuperado 350.000 gracias a las iniciativas emprendidas por el Gobierno como la tarifa plana, que ha beneficiado a más de 440.000 jóvenes.

El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es que los emprendedores por cuenta propia queden exonerados de las deudas contraidas y puedan seguir ejerciendo su actividad. La normativa surge para que aquellas personas físicas o jurídicas que pusieron en marcha un negocio, y que como consecuencia de la crisis fracasaron, no estén endeudadas durante toda la vida, y puedan retomar una actividad empresarial.

La ley tiene aún mucho margen de mejora y, desde el colectivo de autónomos, piden que se incluyan como créditos exonerables, los préstamos públicos. La idea es, además, no esperar a que una empresa llegue a ser insolvente para que inicie los mecanismos que le permitan salir del atolladero mediante una reestructuración.