La semana que hoy acaba comenzó con el acuerdo alcanzado entre el presidente regional, Emiliano García-Page, con Podemos para congelar la asignación presupuestaria de la educación concertada para este año y para irla reduciendo a lo largo de la legislatura. Una decisión que ha crispado los ánimos de las asociaciones de padres vinculadas a estos centros -la Concapa estudia este fin de semana si convocar movilizaciones- y que ha abierto el debate político y social sobre la conveniencia, o no, de estos conciertos educativos.

Pero primero sería necesario hacer una radiografía del sector en Castilla-La Mancha. Este curso trabajan en la región un total de 127 centros concertados, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Educación. La mayoría de ellos imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO (63). De Bachillerato y FP son menos, únicamente 29 en toda la comunidad. En cuanto al número de alumnos, la Junta contabiliza 55.370 para toda la educación privada. Fuentes consultadas por este diario dejarían en 54.500 el número aproximado de escolares de la concertada, con casi 4.000 profesores.  

Un dato que llama la atención, pese a la defensa del PP a los conciertos, el número de colegios concertados no subió en los cuatro años de Gobierno ‘popular’.  En el curso 2011-2012, el primero completo de Cospedal, el número de estos centros en la región era de 128, según las estadísticas oficiales de Educación.

Conocida la situación, el debate está ahora en el coste de estos conciertos para las arcas públicas y el tipo de educación que en ellos reciben los alumnos.

El grupo de pensamiento ‘Instituto Futuro’, en su informe sobre si ‘¿Tiene sentido eliminar la educación concertada en Navarra?’, apunta que desde el punto de vista económico «la desaparición de la educación concertada  supondría un incremento anual de entre 44 y 53 millones de euros en esta comunidad».

Un dato que es extrapolable a Castilla-La Mancha. Según informa Concapa a La Tribuna, el coste para la Administración de un alumno en un colegio púbico de la región ronda los 5.100 euros al año, mientras que en la concertada el coste se reduce a 2.600-2.700 euros.

¿El motivo? Según el presidente regional de Concapa, Pedro José Caballero, la razón de este menor coste en la concertada se debe a que el concierto con la Junta no cubre el cien por cien del gasto por alumno. La diferencia se cubriría con las aportaciones de los padres, explica.

Según esta organización de padres -de confesión católica- este año la educación concertada recibirá de la Junta de Comunidades 34,7 millones, un 8,6% del gasto previsto en educación (404 millones, aproximadamente). Un porcentaje sensiblemente inferior al volumen de alumnos que representan, en torno al 16% del total, insiste.

Una diferencia de coste con la que está de acuerdo IU. En un estudio titulado ‘El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada’ encargado a profesores universitarios y de Secundaria, se señala que «en igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan prácticamente lo mismo (4.185 euros por alumno en la pública, frente a los 4.184 de la privada concertada)».

Según el estudio de IU, los datos que dicen que la concertada «ahorra dinero al Estado» están «falseados», al incluir gastos de la educación pública que no tienen correlato alguno en la enseñanza concertada o son imputables al conjunto del sistema educativo, además de «ocultar el coste añadido del gasto familiar que supone la privada-concertada».

Según IU, la privada también ofrece peores servicios. «Desatiende las zonas rurales, excluye a alumnado (especialmente inmigrantes) y los programas de atención a la diversidad», además de ofertar «inferiores condiciones a sus profesionales». Sin olvidar, que el «supuesto ahorro» por plaza escolar de la concertada está relacionado con «un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, así como una escasa implicación a la hora de acoger alumnado que requiere mayor atención educativa y su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables».

En el ámbito de la calidad de la enseñanza, el Instituto Futuro destaca en su informe que la enseñanza concertada «obtiene muy buenos datos tanto en PISA, donde sus resultados son superiores a los de Finlandia en varias áreas y superiores todos ellos a la media de la UE, como en selectividad, donde el porcentaje de alumnos que aprueban selectividad sobre el total de matriculados en segundo de Bachillerato es superior al 75%».

En esta misma línea, esta misma semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaba un informe sobre el bajo rendimiento de los estudiantes de quince años. En sus conclusiones, se apunta que estos tienen un 33% menos de probabilidades de tener bajo rendimiento si asisten a colegios concertados.

No obstante, en este informe el bajo rendimiento de los alumnos no se achaca tanto a la titularidad pública o privada del centro educativo, sino al nivel socioeconómico de las familias. Según se insiste, «un estudiante socioeconómicamente desfavorecido tiene  una probabilidad tres veces mayor de tener un bajo rendimiento» que un estudiante de una familia con ingresos medios.

Tampoco hay que olvidar en este debate que el artículo 27 de la Constitución establece el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Según el ya citado informe del Instituto Futuro, «si desapareciese la concertada, su capacidad de elección quedaría prácticamente reducida al idioma» y solo en la comunidades con dos lenguas cooficiales.

En este sentido, la Concapa de Castilla-La Mancha va más allá y habla de medidas como la anunciada esta semana por Page que «pretenden avivar el odio hacia la educación concertada por su carácter confesional en la gran mayoría de los casos, enfrentando a las familias y alumnos ante dos modelos distintos que se complementan y pueden coexistir sin ningún problema».

Otro tema que hasta ahora se ha tratado solo de soslayo es el coste del trasvase de los alumnos de la concertada a centros públicos. Si nos fijamos en los datos facilitados por el Consejo Escolar en su informe del curso 2004-2005, la construcción de un nuevo colegio público en La Solana, por ejemplo, supuso un coste de 3,1 millones, mientras que un IES en el Casar, que también sirve como ejemplo, estaba valorado en algo más de 7,1 millones. Por lo tanto, extrapolando estos datos, los 34,7 millones de euros anuales de la concertada permitirían construir 11 colegios o 4,8 institutos de secundaria cada ejercicio.

Con todo, el debate está servido y los bandos claramente diferenciados. Lo que pase en el ámbito nacional -si Pedro Sánchez logra o no formar gobierno y con quién- marcará sin duda el devenir de este conflicto en Castilla-La Mancha.