Casi uno de cada tres pisos que se alquilan en la provincia escapan de la ley y del control de Hacienda. Son alquileres «fraudulentos» según la terminología que utiliza el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) que cifra en 12,5 millones de euros el importe que la hucha del Estado deja de ingresar como consecuencia de esta actividad que escapa del control de Hacienda. El auge de los pisos en alquiler para su uso turístico no ha hecho otra cosa que acrecentar la picaresca de los propietarios que Gestha califica en dos perfiles:el grupo de caseros mayores que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión y el grupo de aquellas familias que durante el 'boom' inmobiliario compraron una nueva casa y arriendan la antigua para ayudar al pago de la nueva hipoteca.