El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que su departamento rectificará e introducirá cambios en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que preveía eliminar partidos judiciales y concentrarlos en las capitales de provincia. Frente a ello, señaló que se admitirá más de un tribunal de instancia provincial, además de mantener todos los partidos.
Tras reunirse con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el popular reconoció el papel especial de esta comunidad a la hora de conducir a su Ministerio a la «reflexión» de que el sistema previsto en la ley, «que es un buen modelo», debe ser modificado en algunos aspectos para corregir «disfunciones» de carácter territorial que se pudieran generar.
Analizadas las alegaciones de la Xunta y otros Gobiernos autonómicos, Gallardón señaló que cuando se tramite el proyecto de ley éste permitirá la posibilidad de que, siempre que concurran «determinadas circunstancias» previstas en el texto, pueda existir más de un tribunal de instancia por provincia.
Dichos órganos dejarán de llamarse así y pasarán a designarse únicamente tribunales de instancia, además de tomar el nombre de la ciudad donde esté la sede principal de cada uno. Asimismo, agruparán las unidades judiciales existentes en los distintos partidos de su área. «Esto significa que no desaparece el concepto de partido judicial, sino que redefine su función (habrá «flexibilidad» para el reparto de asuntos) en la nueva organización, pero se mantienen los existentes», apuntó, para añadir, además, que se crean las oficinas judiciales de paz destinadas a ser las sucesoras de los juzgados.
El ministro ratificó su intención de presentar «sí o sí» este proyecto en septiembre y garantizó que estará listo en esta legislatura. De hecho, manifestó que podría estar aprobado «antes del verano siguiente», aunque tendrá unas disposiciones transitorias fijando los plazos para que los órganos puedan adaptarse a algunas de sus medidas.
FLEXIBILIDAD. Pese a los cambios introducidos en la norma, Ruiz-Gallardón se reafirmó en los objetivos planteados en el proyecto y apuntó, entre otros extremos, a la necesidad de reducir las demoras en la resolución de los asuntos y también a aumentar la seguridad jurídica.
Así, explicó que los tribunales de instancia permitirán «reorganizar» la carga de trabajo entre los distintas salas, que actuarán bajo un único órgano. La homogeneización se logrará mediante el reparto provincial o por tribunales de instancia de asuntos, la «flexibilidad» de sustituciones entre magistrados dentro de una misma audiencia y la reasignación de efectivos del mismo órgano según las necesidades.
Este concepto, que ya funciona en los órdenes contencioso y social, supone, según Justicia, que se rompe con la noción tradicional de partido judicial, que, a partir de ahora, se reserva para identificar las sedes de los órganos judiciales del tribunal de instancia y como criterio orientador para las normas de reparto.
El «criterio de flexibilidad» al que estarán sometidos posibilitará el traslado de asuntos de uno a otro, siempre dentro del área de un mismo tribunal de instancia.