La Fundación Savia puso la semana pasada el punto y final al proceso participativo del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera con tres jornadas de reuniones para «validar y completar» las propuestas que han ido recogiendo en los últimos meses a través de correos electrónicos, encuentros sectoriales y cerca de 80 entrevistas personales. El 30 de octubre entregará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un informe que reflejará negro sobre blanco las demandas y preocupaciones de todos los agentes sociales involucrados, con el que la Administración regional, con la ayuda de su servicio jurídico, debe elaborar el borrador del documento que regirá este espacio protegido en los próximos lustros. Un PRUG que tendrá que abordar temas muy espinosos, que se resumen en la idea de «hacer compatible el desarrollo socioeconómico de la zona con el respeto al medio ambiente».
«Es entendible que en un territorio en el que confluyen tantos intereses y actividades haya conflicto de intereses», afirma el secretario de la Fundación Savia, Antonio Aguilera, que confía en que todos los actores hagan un esfuerzo, «un ejercicio de madurez», para conseguir «un Plan Rector de Uso y Gestión equilibrado y siempre en beneficio del territorio». Subraya, no obstante, que ellos actúan en este proceso de «meros secretarios» y que ahora su misión, con total «objetividad», será elaborar un informe «lo más fiel, completo y amplio posible» que refleje todas las sensibilidades expresadas por los agentes sociales de la zona.
Uno de los asuntos más peliagudos que deberá afrontar el PRUG será el futuro de las construcciones -viviendas y negocios hosteleros- a pie de laguna, ya que «algunas podrían estar vulnerando zonas de servidumbre de dominio público hidráulico». También existe preocupación en los sectores agrario y ganadero sobre posibles restricciones en el regadío, la procedencia de los nitritos en el agua y el tipo de cultivos que pueden explotar en el entorno del Parque Natural.
Otro de los temas más recurrentes en las reuniones sectoriales ha sido el futuro de la carretera que discurre por las lagunas y que se «colapsa» en los meses de julio y agosto, especialmente los fines de semana, en los que este espacio suele congregar «entre 5.000 y 6.000 personas». Entre las propuestas recogidas por la Fundación Savia, «restringir el paso a un número determinado de vehículos; cobrar un canon; o peatonalizarla para que no puedan circular vehículos a motor». Aguilera califica de «medida transitoria y necesaria» los aparcamientos habilitados durante este pasado verano.
Favorecer un uso más sostenible de las lagunas en verano, «cuando se superan los límites de capacidad de lo que debe ser un espacio natural protegido», y potenciar el turismo en el resto de las estaciones del año son otras de las propuestas de empresarios y conservacionistas, que apuestan por un modelo que devuelva a las lagunas a su estado original de «finales del siglo XIX y principios del siglo XX», modificado por la construcción de dos centrales hidroeléctricas en la zona que actualmente se encuentran en desuso.