Unas 40 personas se concentraron ayer en la plaza Mayor para protestar por las condiciones en las que se desarrolló la prueba de acceso a la bolsa de empleo temporal de operarios de Servicios Múltiples puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ciudad Real y celebrada el pasado domingo por la tarde, a la que se presentaron 1.570 personas de las 3.250 inscritas.

Entre quienes se concentraron había personal del Ayuntamiento y parados que se presentaron al examen, pero también funcionarios, sindicalistas y familiares de afectados que querían mostrar su apoyo. Tras poner en común sus quejas y exponerlas a los medios de comunicación, acordaron constituirse en  una plataforma y solicitar conjuntamente la impugnación del examen.

La concentración se convocó mediante redes sociales y mensajes de WhatsApp, impulsada especialmente con Miriam Pérez Gutiérrez, que ha ido recopilando las quejas que los participantes le han hecho llegar y se ha convertido en enlace entre los afectados. Pérez criticó la «mala organización», el retraso en el llamamiento a las pruebas y el frío que pasaron «porque la calefacción del Quijote Arena estaba rota». En cuanto a la prueba en sí, las quejas principales son que los exámenes estaban señalizados con el número con el que aparecía cada candidato en la lista, que no pudieron llevarse copia del examen y que no había preguntas de reserva.

Asimismo, señalaron que «hubo gente que tuvo permiso para ir al baño durante los 40 minutos del examen» y que pudo hacer uso de su móvil. Además, muchos asistentes se quejaron de que, para una convocatoria que iba a reunir a más de 3.000 personas, «no había ambulancia ni policía» y que no se facilitó asistencia a personas con discapacidad, como una joven sordomuda que no pudo hacerse entender y no contó con adaptación de examen, según explicó su madre, pese a que otros candidatos afirmaron haber visto a un intérprete de lengua de signos.

En la concentración pusieron de relieve también la «ilegalidad» de la subrogación de los trabajadores de televisión, mantenimiento de jardines, cámaras de vigilancia y limpieza de colegios. Pérez resumió la propuesta de los reunidos: prorrogar los contratos con las empresas externas o contratar a través de la bolsa de trabajo hasta que se puedan convocar las 220 plazas de empleo público mediante un proceso de concurso-oposición en el que se tengan en cuenta los méritos de los actuales trabajadores. De este modo, señaló Pérez, los trabajadores que llevan décadas trabajando para el Ayuntamiento como peones tendrían la posibilidad de ascender a oficiales y los desempleados pueden acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que quienes fueron contratados en su momento por una empresa privada.

La concentración, que discurrió entre la indignación por la situación vivida y las burlas ante el escaso poder de convocatoria, finalizó hacia las 10.30 horas.