Proyecto multimillonario de fotovoltaica planea por Alcázar

LT
-

La empresa Excel Global Servicies, en colaboración con Sun System Group, trabaja en un proyecto de huertos solares que dejaría en Castilla-La Mancha más de 5.000 millones de euros. Este proyecto proyecta una de sus dos bases en Alcázar.

Parece bendecido antes de nacer, y no lo obvian sus responsables. Un proyecto multimillonario de creación de huertos solares en Castilla-La Mancha -excepto en Guadalajara- que está en avanzado estado de gestación y podría dejar en la región más de 5.000 millones de euros de inversión ha recibido un importante estímulo con el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de  derogar el llamado ‘impuesto al sol’, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España.

Se trata de un proyecto que impulsa la empresa Excel Global Servicies, a cuyo frente está un conquense de pro, Jesús Saiz, en colaboración con Sun System Group. El proyecto dejará sembradas de placas solares alrededor de 10.000 hectáreas de las provincias de Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real. En concreto, en Alcázar de San Juan está proyectada una de las dos bases de mantenimiento que junto a la de Sisante (Cuenca) generarían un buen número de puestos de trabajo y que tendrían en 50 kilómetros a la redonda las instalaciones solares de este proyecto. De hecho, en Toledo están buscando ‘socios’ propietarios de terrenos rústicos en los municipios de Villafranca de los Caballeros y Quero, ambos muy próximos geográficamente a la base proyectada en Alcázar de San Juan.

De momento, expone Jesús García, socio fundador de Excel Global Servicies, que hace gala de su origen castellano-manchego y conquense y de haberse desvinculado de grandes empresas para dedicarse a la economía social desde el año 95 trabajando en beneficio de pymes, autónomos y trabajadores, tienen acordadas unas 4.000 hectáreas en la zona  de La Manchuela conquense y albaceteña donde ha empezado la exposición de este ambicioso proyecto  -que contaría con fondos británicos y americanos- ante los agricultores para que pongan a disposición de esta empresa sus tierras con un contrato de alquiler de 30 años, prorrogable otros cinco años, y que  permitirá «un rendimiento de las fincas del 300 por cien respecto a la mejor perspectiva de cosecha del cultivo sumado a la PAC».

El objetivo de la empresa es actuar en una superficie de entre 7.500 y 10.000 hectáreas en esos dos círculos que forman las manchuelas conquense y albaceteña y la zona suroeste de Toledo y el noroeste de Ciudad Real.

«Estamos hablando», dice Jesús Saiz como aliciente, «de garantizar al agricultor un plan de pensiones a largo plazo». La forma de operar que tiene previsto la empresa es acordar en un precontrato de voluntad la cesión en alquiler de parcelas de un mínimo de 4 hectáreas. Para ello, asegura Jesús Saiz, están fomentando también entre los pequeños agricultores las agrupaciones «porque queremos que se beneficien tanto los grandes como los pequeños».

Este tipo de precontratos se realizarán sobre una superficie de unas 18.000 hectáreas puesto que a posteriori tienen que contrastar con la autoridades regionales y con las compañías eléctricas la viabilidad tanto medioambiental como técnica (capacidad de evacuación a las redes eléctricas) de las parcelas seleccionadas de modo que prevén una pérdida del 50 por ciento de estas parcelas por estos motivos.

El agricultor recibirá por cada hectárea alquilada 1.000 euros al año y en un primer momento, subraya Jesús Saiz, si han sembrado en septiembre u octubre les permiten la recogida de la cosecha en primavera respetando el contrato y comprometiéndose a no actuar en estos terrenos hasta terminada la fase de recogida del rastrojo.

Es decir, una vez elegido el terreno definitivo, y concretado con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural la ausencia de trabas medioambientales y con Red Eléctrica Española (REE) o Iberdrola la oportunidad de poder realizar una evacuación eléctrica, la empresa y el agricultor firmarían un contrato de alquiler con la reserva de la cosecha y empezarían a cobrar a partir de junio el precio del alquiler.  «De este modo -dice Jesús Saiz- respetamos la labor que han realizado hasta ahora y mientras se han producido los trámites». Si no hubiera cosecha de por medio, el cobro se inicia a partir del mes siguiente, se haya o no iniciado la instalación y ocupación de la finca para el desarrollo del proyecto.

Y añade Saiz que cada hectárea de las que están barajando tiene un precio en el mercado agrario de unos 5.000 o 6.000 euros, 8.000 en caso de ser de regadío, por lo que la rentabilidad para el propietario es evidente.