Los desempleados de la provincia de Ciudad Real deben al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) cuatro millones de euros en prestaciones cobradas indebidamente, esto es, sin cumplir los requisitos establecidos para disfrutar de estas ayudas. Así lo dice el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas', en el que reprocha al Ministerio de Empleo una «falta de control» en el pago de estas ayudas que se evidencia, incluso, en las cifras para estimar el agujero en las arcas de las prestaciones. Ante la información aportada por el Sepe, el Tribunal de Cuentas identifica dos contabilidades distintas que elevan, en cualquier caso, la suma por devolver desde la provincia hasta los cuatro millones de euros, pero que en la región oscila entre los 24,1 y los 28,7 millones de euros.
En su análisis, el Tribunal de Cuentas ofrece dos listados diferentes sobre las cantidades que el Sepe tiene pendientes de recuperar por el pago indebido de prestaciones. Uno de los listados se basa en las estadísticas ofrecidas por el Servicio Público de Empleo, y el otro en el inventario de perceptores indebidos que tiene este mismo organismo. En el primero de los casos, el montante abonado 'de más' en la provincia es de 3.920.135 euros; en el segundo de los casos, en función de los perceptores, la cifra se va hasta los 4.037.001 euros. En la región, en el primero de los casos, las cantidades a devolver al Sepe desde las cinco provincias es de 24,12 millones de euros; en el segundo caso crece hasta los 28,7 millones. En el conjunto del país la diferencia es más alarmante: 582,29 millones según las estadísticas; 769 millones de euros en función del inventario de perceptores indebidos.
La duplicidad de las cifras es una de las cuestiones que subraya el organismo fiscalizador en su informe, pero señala más deficiencias en el control del pago de este tipo de prestaciones. El informe del Tribunal de Cuentas dice que «el flujo de información entre las aplicaciones informáticas utilizadas en el proceso de gestión y control de los cobros indebidos de prestaciones presenta lagunas en algunos trámites del procedimiento, derivadas de la falta de integración de dichas aplicaciones, lo que genera que se produzcan errores, datos duplicados y riesgos e ineficiencias», ya que el Sepe «ha proporcionado tres cifras distintas en relación con el número de deudores y el saldo de la deuda por cobros indebidos de prestaciones a 31 de diciembre de 2013», fecha a la que se refiere la estadística proporcionada desde Empleo.
Entre otras deficiencias, el Tribunal de Cuentas explica que el Sepe «no efectúa consulta alguna sobre la información que contiene el fichero de inscripción de empresas de la Tesorería General de la Seguridad Social, no existe un acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios de Empleo Autonómicos por el que estos tengan que remitir información sobre la existencia de rechazos de oferta de empleo o de rechazos o abandonos de itinerarios formativos» y el Sepe no disponía, en el periodo fiscalizado, «de un manual de gestión de cobros indebidos de prestaciones por desempleo». Este informe se realiza en una época, como el texto señala, en el que el número de deudores por pagos indebidos de prestaciones pasó de 167.772 personas y 158 millones de euros en 2007 a los 324.814 deudores por más de 582,29 millones de euros, en base a la estadística del Servicio Público de Empleo.
Sanciones. Mientras el Tribunal de Cuentas habla de la falta de control en la reclamación de estas prestaciones, desde los sindicatos se criticaba el «excesivo» control que se hace desde la Inspección de Trabajo de los desempleados, para la imposición de sanciones o incluso la retirada de la ayuda. En los dos últimos años completos, 2013 y 2014, y según datos de la Subdelegación de Gobierno, en la provincia se han impuesto 5.236 sanciones, y 248 parados han perdido el derecho a la prestación.