El Ministerio de Fomento destinará 116 millones de euros a las políticas de ayuda a la vivienda en Castilla-La Mancha durante el período 2013-2016. Así lo anunció ayer la ministra, Ana Pastor, durante la firma del Convenio para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, suscrito con la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal.
El Plan Estatal tiene como objetivos facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos; apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta. Además, persigue fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para mejorar la calidad de la vivienda, así como mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y de las ciudades, lo que redundará en una mayor calidad de vida, ahorros energéticos, una economía de bajo consumo y en el cumplimiento de la Estrategia Europea 2020.
El primero de todas. A través de este convenio, el primero de los que suscribe el Ministerio con las Comunidades Autónomas, la transferencia presupuestaria que realizará Fomento a la Comunidad de Castilla-La Mancha hasta la finalización del Plan supone 32 millones de euros, cantidad que, sumada a las subsidiaciones de préstamos de vivienda a residentes en la región, arroja una inversión total por parte del Ministerio de 116,1 millones.
A la inversión que destina Fomento a este Plan, que contempla ayudas al alquiler, a la rehabilitación de viviendas y a la subsidiación de préstamos hipotecarios, hay que añadir la aportación de la comunidad.
A partir de esta inversión se prevé que la participación del sector privado en las áreas de rehabilitación de edificios, regeneración y renovación urbanas ascienda a 57,5 millones de euros, lo que podría generar 1.600 puestos de trabajo en tres años en dicha Comunidad.
Entrando en el detalle, cabe destacar que las ayudas al alquiler, una de las novedades de este plano, serán de hasta el 40% de la renta, con un límite de 2.400 anuales por vivienda y un plazo máximo de 12 meses. Tendrán preferencia los afectados por un desahucio.
Asimismo, se plantea la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler. Como beneficiarios figuran las Administraciones públicas, organismos públicos, fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG y empresas privadas con derecho de superficie.
También se plantea financiación para la ejecución de proyectos de especial transcendencia: Mejora de barrios, Centros y Cascos históricos, sustitución de infraviviendas, Eco-barrios y zonas turísticas.