El servicio regional de asesoría jurídica y social en drogodependencias y salud mental de Unión SAFA, que desde Ciudad Real coordina Enrique Gabriel Bravo Mena, ha conseguido que 282 personas hayan visto suspendida su condena en sólo dos años por delitos cometidos bajo la influencia de sustancias estupefacientes: 123 en 2014 y 159 en 2015, el 94,6 por ciento de las medidas alternativas al ingreso en prisión solicitadas (130 y 168 respectivamente). Así, en coordinación con la Unidades de Conductas Adictivas (UCAs) y representaciones letradas, este recurso ha logrado que pueda conmutar una pena privativa -inferior a cinco años- por un tratamiento ambulatorio o en comunidad terapéutica en régimen de internamiento (el 38,6% de los casos), la realización de trabajos en beneficio de la comunidad (32,5%) y el pago de multas (28,8%) evitando su paso por un centro penitenciario.
El programa, que está financiado en un 50 por ciento por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y por la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, ha visto crecer su número de intervenciones un diez por ciento al pasar de las 860 de 2014 a las 947 con las que cerró 2015. De ellas, según se desprende de la última memoria, 625 fueron de carácter jurídico. Es decir, el 66 por ciento. Entre las sociales figuran las acreditaciones de drogodependencias y tratamientos.
No obstante, la cifra de expedientes abiertos se redujo -de 250 a 220- con un total de 128 usuarios nuevos y 92 caras conocidas que generaron nuevos casos. En este punto, Bravo Mena celebra que «el nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio, contempla las recaídas como una parte del proceso de rehabilitación». «Antes dejaban la supensión de las condenas sin efecto», recuerda el experto, que recientemente participó como ponente en las XVIII Jornadas de Patología Dual.
Bravo Mena precisa que la inmensa mayoría de los delitos atendidos van en contra del patrimonio, es decir, robos y hurtos y de la salud pública (tráfico de drogas a pequeña escala). El resto de casos tienen que ver con la seguridad vial, la violencia de género y la alteración del orden público. Según la memoria de 2015, generalmente los usuarios del servicio de Unión SAFA, asociación que en la provincia preside Gabriel Vicente Maján, son hombres casados con estudios primarios y en situación de desempleo, que tienen causas pendientes con la justicia tras una drogodependencia con una evolución superior a los diez años. Asimismo, su principal sustancia de consumo es el alcohol y el cannabis. Disminuye el de opiáceos como la heroína y se incrementa ligeramente el de cocaína entre un colectivo que refiere encontrarse en tratamiento en el 65 por ciento de los casos.
Desde el 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, impide suspender las sanciones administrativas condicionadas a tratamiento por consumo o tenencia de sustancias ilegales en la vía publica a los mayores de edad. «Se permite sólo en el caso de los menores», lamenta el coordinador del servicio regional de asesoría jurídica y social de Unión Safa apuntando a su cuantía: 601 euros. «Se ha doblado», pone de relieve incidiendo en que «se está a la espera de formalizar junto a las UCAs, como ejes centrales de la actuación , un intervención de atención y seguimiento que se base en una respuesta educativa alternativa».
SUBVENCIÓN REGIONAL. Con respecto a las personas con un problema de salud mental, Bravo Mena espera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconsidere financiar el programa, que en 2015 recibió una subvención de 1.500 euros. «¿Qué hacemos con estas personas y con los expedientes ya abiertos?», se pregunta indicando que, de las 947 intervenciones realizadas el año pasada, 733 fueron con afectados por una patología dual y 214 con usuarios con un trastorno psíquico. Las actuaciones con ellos también tienen que ver con incapacidades, internamientos voluntarios, testamentos y subvenciones.
«Cuando pertenecíamos a la federación de asociaciones de prevención y ayuda a las toxicomanías (Fapat), el Gobierno regional inyectaba dos millones a las entidades que trabajaban en el ámbito de las drogodependencias un total de dos millones. Ahora, estamos hablando de 300.000 euros», asevera a la hora de exponer «un recorte brutal».