El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, presentará el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha ante el inicio de su tramitación pública el próximo mes de octubre. El objetivo del Gobierno autonómico es aprobar este texto antes del final de la legislatura. La medida supondrá un hito legislativo en la materia y se convertirá, si finalmente es aprobada, en la primera de estas características en el conjunto de España. La Junta promoverá a través de esta disposición diferentes propuestas en favor de la lucha contra el cambio climático y apostará por un nuevo modelo económico basado en el reciclaje y la reutilización. 

Martínez Arroyo citó, durante el acto de firma de un convenio con los organizadores del Congreso Nacional de Medio Ambiente, dos de los ejes que articularán el texto que su Consejería está rematando. El primer punto exigirá a las empresas que gestionen residuos peligrosos el depósito de una fianza para cubrir posibles eventualidades negativas con el tratamiento de los mismos. La segunda idea desgranada se centró en la creación de nuevas tasas para aquellas sociedades cuyos residuos vayan a los vertederos en vez de reciclarse o reutilizarse. El pasado lunes, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, anunció la intención de su departamento de cobrar un tributo, a partir de 2021, por el no reciclaje o reutilización de plásticos ligeros.

El reto del Gobierno regional en el ámbito ambiental, según explicó el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, es «ponerse a la cabeza en el compromiso nacional contra el cambio climático». Martínez Arroyo reafirmó su apuesta por la sostenibilidad y pidió valorar el esfuerzo en favor de la economía circular, un nuevo sistema para el intercambio de bienes y servicios que incorporará nuevas fuentes de riqueza como el reciclaje y energías más limpias.