Antonio Rodríguez, Luis Francisco Pizarro y Rafael Sánchez, quienes ostentaron los cargos de ediles de Urbanismo o de Obras en los gobiernos municipales socialistas entre los años 2007 y 2011, declararon ayer en calidad de testigos ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano, Luis José Sáenz de Tejada, por las adjudicaciones de los contratos de obra del coso polivalente municipal. Un caso por el que están imputados el exalcalde Joaquín Hermoso, el secretario accidental del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, el aparejador municipal Eugenio Ángel, el arquitecto técnico Fernando Sánchez y la arquitecta María Luisa Calvo.
Los tres testigos, que estaban citados a las 10.30 horas, acudieron a los juzgados de la ciudad industrial una hora y media antes y permanecieron en estas dependencias hasta pasadas la una y media de la tarde tras responder a las preguntas del juez. Según Sánchez, actual concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, las preguntas fueron principalmente «cuestiones administrativas relativas a los expedientes, a las formas de contratación y al desempeño de cada uno de los órganos de gobierno» con el objetivo, a su entender, de «arrojar luz sobre el método de contratación que se utilizó para la plaza de toros y así poder aclarar el procedimiento administrativo».
El también secretario general del PSOE local en Puertollano, que hizo estas declaraciones ante los medios de comunicación mientras los otros dos testigos salían de los juzgados sin querer hablar ante los periodistas, reconoció que tanto él como Rodríguez y Pizarro «estamos contentos y satisfechos por poder aportar nuestro granito de arena para que todo esto se aclare y, sobre todo, para que cada uno podamos contar nuestra verdad sobre este asunto lo más claro posible, sobre todo en lo que respecta a cuestiones administrativas, que es en lo que más se ha centrado el asunto, y que a partir de ahí todo quede resuelto cuanto antes».
A este respecto, Sánchez apuntó que entendió que pudieron «aportar información sobre este asunto» y añadió que «luego se intentará enredar políticamente», e hizo hincapié en que las declaraciones como testigos de ayer se llevaron a cabo tras solicitarlo el abogado del Grupo Municipal Popular en el Consistorio, personado en la causa junto al Grupo Municipal de Izquierda Unida. «Lo que intentan es judicializar la vida municipal, cuando realmente se trata de cuestiones administrativas», manifestó el concejal de Urbanismo.
Respecto a los otros dos testigos, Rodríguez es actualmente coordinador del equipo de Gobierno municipal y vicepresidente sexto de la Diputación Provincial de Ciudad Real, mientras que Pizarro está ya retirado de la política activa.
A DISPOSICIÓN DEL JUEZ. La alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, aseguró ayer que el Ayuntamiento está «a disposición del procedimiento y del juez» e hizo hincapié en que «queremos que con nuestra aportación esto se resuelva lo antes posible para que la vida municipal siga su curso».
Asimismo, la edil señaló que «nuestra disposición es absoluta a lo que se nos nos pida desde el Juzgado».