La actual Ley data de hace veinte años (enero de 1996), dos décadas en las que la situación socio-económica y jurídica de España ha cambiado sustancialmente y, por ello, la Abogacía considera necesario modificar la Ley de Justicia Gratuita para ajustarla a los tiempos (ha aumentado el número de personas que no tienen dinero para costearse un abogado) y mejorar el servicio para el ciudadano y el propio abogado.

Hay que «actualizar» los baremos de cobro para los letrados que prestan los servicios de Justicia Gratuita e «implantar» otras prestaciones de asistencia específica como por ejemplo a presos y víctimas de trata, señala a este diario el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche.

A su juicio, se debería incorporar la mediación intrajudicial, es decir «contemplar la retribución a los letrados» que actúen como mediadores en el ámbito intrajudicial tanto en materia civil como penal.

El decano explica que sería un turno especial de mediadores para cuando la Audiencia Provincial o un juzgado requieran del nombramiento de un mediador para intervenir en un asunto en el que los solicitantes están acogidos a la  Justicia Gratuita puedan percibir una retribución porque no está contemplado.

Según el decano, no es complicado ni costoso. «Por ahora, no hay muchos nombramientos de mediadores, pero con el tiempo va a cobrar fuerza porque es una línea que se está siguiendo y que cuenta con el apoyo de la legislatura para intentar resolver problemas por una vía distinta a la tradicional, menos conflictiva».

A modo de ejemplo, Arteche destaca el papel del mediador en un caso de ámbito penal, en el que a consecuencia  de un delito se han producido daños y un perjuicio a un tercero. El mediador buscará «una salida indemnizatoria a ese perjudicado y minimizará los efectos  de una sanción penal».

Igual de importante es la figura del mediador en cualquier procedimiento civil en el que hay una discusión del tipo que sea, como una reclamación económica o derivada del impago de una hipoteca o una cuestión de ámbito matrimonial. Todos estos conflictos se pueden resolver de mutuo acuerdo con la mediación de estos abogados especializados.

Aparte de esta reclamación, de decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real también considera importante la implantación de un servicio de asistencia específica para los presos que cumplen condena en las dos prisiones de la provincia y víctimas de trata.

Por último, reclaman dignificar la labor del abogado de oficio con unas retribuciones justas. El coste medio por ciudadano que acude a la Justicia Gratuita es de 2 euros.