«Ya hemos pagado un alto precio. Si hubiera tenido la mínima sospecha de que era una irregularidad no habría firmado certificados de obras» sin que se iniciaran los trabajos para la eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas de la zona del mercadillo de Alcázar. Así lo reiteró ayer en el uso del derecho a decir la última palabra en el juicio uno de los dos técnicos enjuiciados por el asunto relacionado con la entonces empresa municipal Aguas de Alcázar.

Ayer se ventiló en la Audiencia Provincial el que parece ser el penúltimo capítulo de una crónica que empezó a escribirse en junio de 2009 y en 2011, con el cambio de gobierno local, se interpuso una querella criminal por supuesta malversación de caudales públicos, delito societario y sobrefacturación en Aguas de Alcázar. La causa, en la que estaban imputados entre otros el exalcalde y presidente entonces de la entidad, José Fernando Sánchez Bódalo, se archivó al considerar el Tribunal de Cuentas que los hechos no eran constitutivos de delito.

De ahí que ayer el letrado Demetrio Ayala que defiende a Diego Dueñas, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Alcázar, comenzara su alegato apuntando a rencillas entre políticos, que han acabado por sentar en el banquillo a su cliente y a Leoncio Almodóvar, director técnico de Aguas de Alcázar, que se enfrentan a una condena de tres años y tres meses de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Los encausados se defienden asegurando que recibieron «presiones» para que firmaran los certificados de obra porque, de lo contrario, se perdería la subvención solicitada. «Me podrían haber hecho la vida imposible si no hubiera firmado», declaró ayer el técnico del Ayuntamiento de Alcázar.

Sin embargo, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y mantuvo la petición de condena de tres años y tres meses de cárcel para cada uno de los procesados.

No se lucraron, pero el Estado... «No puede mantenerse ajeno a un ilícito». El fiscal es consciente de que la obra se hizo, aunque casi un año después y también considera que los acusados no se lucraron, pero subrayó que «el Estado no puede mantenerse ajeno a la realidad, a un ilícito. Dos funcionarios públicos emitieron un documento en el que faltaban a la verdad», remarcó el fiscal tras recalcar que hay que un hecho no controvertido, ya que «hubo una alteración de la verdad y un conocimiento de que lo que se firmaba no se ajustaba a la realidad», en alusión a las citadas certificaciones de obras sin que hubieran empezado.

pOR UN BIEN MAYOR. El exalcalde Sánchez Bódalo fue el primer testigo en subir al estrado y tras una profusa explicación sobre la gestión en el Ayuntamiento (el fiscal lo cuestionó señalando que todos delegaban) justificó el hecho apuntando a un bien mayor.

«La obra se acabó y hubiera sido un despropósito que el Ayuntamiento de Alcázar no hubiera puesto en marcha esta obra», aseveró el entonces alcalde. «Esa obra se iba a ejecutar, de hecho se ejecutó y se puede considerar una certificación a cuenta de actos preparatorios, de acopio de material». De este modo, exculpó a los técnicos que firmaron las certificaciones de obras poniendo el acento en el certificado a cuenta. «Si no hubieran firmado se habría perdido la subvención, lo que habría supuesto una doble imposición para los ciudadanos». Es decir, justificó el hecho por un bien mayor para el pueblo de Alcázar.

Las defensas de los procesados discrepan abiertamente de la tesis del fiscal y piden la absolución con todos los pronunciamientos favorables. El letrado Demetrio Ayala puso el acento en que se conminó, se obligó a su cliente a firmar las certificaciones para no perder la subvención para las obras de eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas de la zona del mercadillo. «Se le obligó a firmar dos certificaciones el mismo día», por lo tanto el letrado entiende que no existe delito y menos aún continuado como sostiene el fiscal. Del mismo modo, tanto Ayala como Francisco Guerra, abogado de Leoncio Almodóvar, pidieron a la Sala en caso de considerar que hay alguna responsabilidad que se tenga en cuenta las circunstancias eximentes y atenuantes de obediencia debida y dilaciones indebidas, aparte de la prescripción.