Un total de 69.016 inmuebles de la provincia de Ciudad Real han tenido que pasar por el proceso de regularización realizado por el Ministerio de Hacienda e iniciado en 2013. El pasado año concluyó en toda la provincia este proceso mediante el que durante los últimos cinco años se ha ido comprobando, municipio a municipio, con drones incluso, el estado de los inmuebles con la base de lo que ya existía en el Catastro. Tras revisarlas, la Dirección General del Catastro concluye que había irregularidades en esas fincas, tanto urbanas como rústicas, aunque existe la posibilidad de alegaciones por los afectados. El dato implica que la regularización del Catastro ha descubierto irregularidades en el 6,5 por ciento de los 1.061.754 inmuebles que hay, lo que sitúa a Ciudad Real como la novena provincia con mayor número. En Castilla-La Mancha solo es superada por Toledo, donde hubo irregularidades en el 7,28 por ciento de las viviendas.

«El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral», recuerda el Ministerio en la web dedicada a este proceso y donde se publican estos datos, que comenzaron a recopilarse en el año 2013 y que se fue conociendo a través del BOE cuando se iba a desarrollar, con el periodo de inicio de cada estudio municipal. Los propietarios que han tenido que regularizar la situación de sus inmuebles han recibido una carta del Catastro, ya que el procedimiento se inicia de oficio. Si tras las alegaciones ha sido necesaria la regularización se ha tenido que abonar una tasa de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto y presentar un informe. Además se ha notificado a los ayuntamientos estos cambios, que pueden conllevar incrementos en el recibo del IBI, a partir de la regularización, y reclamaciones municipales por el importe no abonado de los años anteriores. Hay que recordar que el importe del IBI es un porcentaje del valor catastral del inmueble, esta cifra es la que la regularización varía y que aumente la recaudación del IBI.

De las 69.016 regularizaciones de la provincia de Ciudad Real, 51.979 corresponde a bienes urbanos y 17.037 a rústicos. De todos, el 41,5 por ciento, son nuevas construcciones no incluidas en el catastro, lo que equivale a más de 28.600; el 41,3 por ciento son ampliaciones o rehabilitaciones de vivienda, unas 28.500; un 15 por ciento son reformas o cambios de uso, casi 10.000, según los datos del Catastro; y, por último, en el 2,7 por ciento de los inmuebles regularizados se han descubierto piscinas, cerca de 1.900 instaladas. De estas estadísticas, Ciudad Real se encuentra a la cabeza en nuevas construcciones, la duodécima provincia de España; y en las ampliaciones y rehabilitaciones, la decimotercera.

Si se atiende a las regularizaciones existen 25 municipios que destacan por la gran cantidad de inmuebles afectados, ya que más de uno de cada diez edificios se tendrán que regularizar según los datos aportados por el catastro. Llanos del Caudillo, con un 45,7 por ciento afectado; Fernán Caballero, con un 22,3; y Almadenejos, con el 20,4 son los más afectados. Bolaños, Chillón, Alcolea y El Robledo se sitúan entre el 15 y el 20 por ciento. Por número de inmuebles destacan Tomelloso, con 5.354; Daimiel, con 3.428; y Alcázar de San Juan, con 3.177. Como curiosidad, en Poblete, el 34,2 por ciento de las regularizaciones se debe a piscinas; y en Socuéllamos, el 21,1. Son los dos municipios más afectados, aunque el mayor número descubierto ha sido en Valdepeñas, con 254 nuevas piscinas, el 10,8 por ciento, de sus 2.358 bienes regularizados.

Como primero, el alcalde de Llanos del Caudillo, Andrés Arroyo, recordó que el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda es «la primera regularización» que se hace en la localidad desde el año 1955 en que se creó el municipio. Hay 312 municipios regularizados de los 683 que hay en el término municipal en los datos del Catastro. El proceso de regularización culminó en octubre de 2017 pero todavía no se han incluido los datos de cara a la revisión del valor catastral. «Todavía no lo hemos visto y no es definitivo», dijo el primer edil, ya que ha habido «muchos errores». Entre ellos cita, por ejemplo, que se puso a nombre de un particular el cementerio, algo que «ya se ha solucionado»; las lonas utilizadas por los vecinos para dar sombra al patio se han entendido en muchos casos como ampliaciones de construcciones; y se han visto también piscinas, prefabricadas y de plástico, que al comprobarse en imágenes aéreas se han considerado como de obras cuando no lo son. Expuso que ha habido gente que ha ampliado la casa y no se había comunicado al catastro. Esta situación implica que las regularizaciones, aunque hayan concluido, aún no han afectado a las arcas municipales, algo similar a lo ocurrido en otros municipios a la espera de que sean definitivas las regularizaciones y el catastro informe de los cambios en los valores.