La diputada regional y secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, anunció que su formación llevará a la Fiscalía las «graves negligencias» de los responsables del Sescam al derivar a pacientes del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) a unas instalaciones privadas «a sabiendas del riesgo existente para las personas», en alusión al centro de empresas del Hotel Cumbria, donde se encuentra la Fundación Médica Méndez Bonal.
Fernández se refirió a un decreto expedido por el Ayuntamiento tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y otro posterior emitido por el ingeniero técnico industrial municipal, en el que dejan patente las «deficiencias palmarias en materia de seguridad del edificio al que el Sescam está derivando a pacientes para la realización de ecografías».
«Hablamos por tanto de unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para las personas, especialmente en caso de incendio», subrayó Fernández, y pese a ello, «tanto el Ayuntamiento de Rosa Romero como la Junta de Comunidades que preside Dolores de Cospedal lo sabían».
Blanca Fernández habló de «hechos extremadamente graves, porque se ha estado y se está poniendo en serio riesgo a los pacientes que el Sescam», y pidió la «dimisión inmediata o el cese fulminante» del director general del Sescam, Luis Carretero, y del director gerente del Hospital de Ciudad Real, Juan José Jiménez Prieto.
De no producirse estos ceses a lo largo en las próximas horas, la secretaria de Organización del PSOE en la provincia de ciudad Real aseguró que será el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, «quien asuma directamente las responsabilidad políticas y legales que se puedan derivar de estos hechos», en los que ya trabaja el equipo jurídico de los socialistas.
Por su parte, el responsable del Centro de Empresas y Hotel Cumbria de la capital, Óscar Sánchez, lugar en el que se aloja la Fundación Médica a la que se derivaron las ecografías por parte del Sescam, aseguró que están «trabajando» para subsanar las deficiencias señaladas en el decreto emitido por el Ayuntamiento, y explicó que presentarán «las alegaciones pertinentes a ese documento en estos días».
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Pedro Martín, informó que es decreto en el que se insta al propietario «a que presente una serie de documentos, un proyecto de acciones en el plazo de un mes para poder legalizar esa situación y evitar los riesgos». El concejal añadió que, de presentar dicho plan con «medidas creíbles», se le concederá un plazo para su ejecución, mientras que «si no lo presentan, como así viene en el decreto, se tiene que proceder a la clausura de algunas actividades». Por otra parte, el concejal dijo que el Ayuntamiento siempre ha actuado siguiendo el procedimiento que han marcado los técnicos.