La Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades realizó durante el año pasado menos inspecciones de consumo que un año antes en los establecimientos comerciales de la provincia de Ciudad Real, pero tramitó un 10 por ciento más de expedientes sancionadores que concluyeron, sin embargo, con unas multas que supusieron una recaudación muy similar a la del ejercicio anterior. Así lo reflejan los datos de la Consejería a los que ha tenido acceso La Tribuna, y que señalan que en 2015 Sanidad impulsó un total de 18.981 actuaciones de información y 12.909 inspecciones en la provincia de Ciudad Real, incoando 156 expedientes que, resueltos finalmente con sanción o no, supusieron una recaudación de poco más de 92.000 euros.
Durante 2014, la Consejería inició 142 expedientes sancionadores, y la recaudación que supusieron las multas impuestas por inspecciones de consumo fue de 92.806 euros. El pasado año, el número de expedientes sancionadores iniciados por la Consejería de Sanidad fue casi un 10 por ciento mayor, 156, pero la recaudación fue menor, 92.004 euros. También se realizaron menos inspecciones, con 12.909 por las 14.184 del año anterior. Los principales motivos por los que se sanciona a los establecimientos son la ausencia de indicación de precios, no poner el precio de venta por medida o defectos de información en el etiquetado de los productos.
La cuantía media de las sanciones impuestas por las inspecciones ronda los 600 euros, y según detallaron fuentes de la Consejería la multa máxima impuesta a un establecimiento fue de 6.500 euros, y la mínima apenas de 100. No todas inspecciones en las que se detecta infracción en alguno de los preceptos a cumplir por este tipo de establecimientos derivan en expedientes sancionadores, y tampoco todos esos expedientes acaban desembocando en una multa. Y tampoco todas las inspecciones se realizan dentro de las campañas que desarrolla de manera habitual el Gobierno regional, ya que 175 de las inspecciones realizadas en 2015 en la provincia fueron el resultado de denuncias previas que llegaron a la Consejería.
Tasa por inspección. La recaudación por multas no es el único ingreso que se deriva para el Gobierno regional de estas actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad, ya que éstas y otras inspecciones están gravadas con tasas que, finalmente y tal y como denuncian las patronales de empresarios y autónomos, se han mantenido en vigor este año. El Gobierno regional, según el proyecto de presupuestos para este 2016, prevé recaudar en materia de tasas hasta 212.963 euros.
«Estamos desilusionados porque consideramos que el tema de las tasas agrava el peso impositivo de cualquier actividad, y no es justo que haya tasas por cumplir determinadas obligaciones ligadas de esa misma actividad, como las inspecciones sanitarias», lamento la presidenta regional de ATA, Rosario Moreno-Opo, que reconoció que el colectivo pidió al Gobierno regional que en las cuentas para este año «incluyera en la eliminación de tasas aquellas que gravan la actividad», pero parece que los autónomos «nos hemos quedado para la segunda vuelta».
El presidente de Fecir, Carlos Marín, afirmó que las tasas «es el impuesto más injusto que existe porque grava a todos sin tener en cuenta ni el beneficio ni la actividad», y reconoció que esperaba su eliminación «porque si queremos que se aumente el número de empresas hay que reducir la presión fiscal sobre ellas».