El juez Carmelo Ordóñez se refería a ellos como «héroes en la sombra» en la providencia en la que anunciaba que CRIA hacía efectiva la compra del aeropuerto de Ciudad Real una vez que el Govern de Baleares ingresaba la deuda judicial que mantenía con el dueño del aeropuerto, Rafael Gómez Arribas. Esos «héroes» son empresas, administraciones y organismos públicos que a lo largo de la última década han soportado sobre sus espaldas la situación del aeropuerto de Ciudad Real, el primero de titularidad privada de uso público que abrió sus puertas en España y también el primero en echar el cierre por la tempestad de la crisis económica.
Con el dinero recién ingresado desde la Administración de Francina Armengol, Ordóñez anunciaba que una quincena de acreedores recibirían un adelanto de la deuda que mantenía el quebrado aeropuerto con ellos. Más de 11,1 millones de euros, que al final son 12,6 al sumar el dinero que se repartirá entre los tres administradores concursales, medio millón de euros, y los alrededor de 70 profesionales del aeropuerto a los que aún se les debía dinero y que recibirán un millón de euros que tendrán que repartirse.
Entre los primeros que ingresarán ese dinero está el Ayuntamiento de Ciudad Real. Su concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, explicó a La Tribuna que estos anticipos a los acreedores llegan con independencia de la liquidación de la deuda que corresponde a cada uno de los acreedores, en el caso de Ciudad Real «por una cantidad bastante superior» al millón de euros que recibirá de entrada y que sólo por el IBI supera los dos millones de euros. «Es un dinero que tenemos que cobrar porque es obligatorio», indicó Clavero, que calificó este ingreso como «importante» porque también supone que es la culminación de la venta de la infraestructura y CRIA podrá empezar a desarrollar sus planes «y sin duda beneficiará a Ciudad Real y la provincia». Ese dinero, «si se ingresa este mes de diciembre, formará parte del superávit del cierre del ejercicio».
Como un premio adelantado del sorteo de Navidad recibe el alcalde Ballesteros de Calatrava el anuncio de medio millón de euros que también acabarán en las arcas de este municipio de apenas 400 habitantes. Juan Carlos Moraleda explica que esa deuda proviene de impagos del IBI en los últimos años y que ronda los 1,1 millones de euros en una localidad que tiene un presupuesto que no llega a los 470.000 euros. «Vamos a poner todas las cuentas al día», explica Moraleda, que espera eliminar todas las operaciones bancarias a corto plazo, pagar a todos los proveedores y, además, «contar con un importante colchón económico» para el municipio.
Ya con el primer pago realizado por Ciudad Real International Airport, correspondiente al cinco por ciento del aval del precio ofertado por el aeropuerto, Ordóñez, en septiembre de 2016, ya ordenó los primeros anticipos de pago a algunos de los acreedores, empresas que continuaban prestando su servicio durante el concurso, como Imesapi, que entonces ingresó 280.000 euros, la Tesorería de la Seguridad Social, Telefónica o Gas Natural.
El listado de acreedores que incluye ahora el juez Ordoñez como beneficiarios de una primera lluvia de euros tras recibir el dinero de Baleares llega a una quincena de administraciones, entidades y empresas. La principal, la UTE compuesta por Urbalux, GRP Iluminación e Imesapi, que recibirá 1,5 millones de euros a cuenta de los servicios de iluminación y mantenimiento o Celimasa-Nexter, que ingresará 25.000 euros como responsable de la limpieza de la infraestructura, un trabajo que ha seguido prestando en los últimos años y a los que CRIA tenía que dedicar cada mes 100.000 euros en concepto de gastos de mantenimiento, seguridad, limpieza y personal, según dictaminó el juez Ordóñez.