La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha el trámite necesario para pagar al menos 25,8 millones de euros por las expropiaciones que realizó en su día de los terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, y que quedaron fuera de la resolución del Tribunal Supremo que devolvía la calificación de rústicas a la mayoría de las fincas en las que se asienta la infraestructura. La factura a asumir por parte del Gobierno regional por estas expropiaciones es muy inferior a la que en un primer momento se barajó tras la sentencia de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que fallaba a favor de los propietarios de estos terrenos, y que entendía que el justiprecio a pagar por la expropiación de los mismos debía obedecer a la calificación de urbanizables, una decisión que finalmente tumbó el Tribunal Supremo.
Fuentes de la Consejería de Fomento confirmaron a este diario que el Gobierno regional ya tiene en marcha los trámites para realizar el pago de estos expedientes, aunque no concretaron si en alguno de ellos se había llegado ya hasta la ejecución. Otras fuentes consultadas por La Tribuna afirmaron que algunos de los propietarios que deben recibir cantidades por sus terrenos ya han percibido parte de los pagos. En cualquier caso, desde Fomento se subrayó que la cantidad reconocida a asumir por parte del Gobierno regional asciende por el momento a 25,8 millones de euros.
El proceso viene de lejos. El aeropuerto de Ciudad Real se asienta sobre 1.874 hectáreas, incluidos terrenos adyacentes, que se expropiaron en su día a 57 propietarios con la calificación de terrenos rústicos, y con un justiprecio de 0,6206 euros por metro cuadrado fijado por el Jurado de Valoraciones de la Junta. Los dueños de los terrenos no quedaron conformes con la decisión del Gobierno regional, al considerar que los terrenos debían ser expropiados como urbanizables, elevando la factura de la expropiación hasta los 213 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio la razón a los propietarios en diferentes resoluciones, incluida una sentencia con fecha 16 de octubre de 2012, que la Junta decidió recurrir.
El recurso de casación se elevó ante el Tribunal Supremo con una salvedad: quedaban fuera de él las expropiaciones cuya factura había quedado por debajo de los 600.000 euros, y que no podían ser incluidas en este recurso ante el Alto Tribunal. A finales de 2014, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación del Gobierno regional y la sociedad CR Aeropuertos y consideró que la expropiación de los terrenos sobre los que se asienta la infraestructura se realizó de manera correcta bajo la denominación de terrenos rústicos, ya que «no contribuye a la expansión de ninguna ciudad en especial y se construye en terrenos rústicos rodeados de suelo de igual clasificación, sin que exista expectativa razonable de que la construcción del aeropuerto traiga consigo una transformación de su entorno en suelo urbanizable».
Esta resolución del Tribunal Supremo devolvía la calificación de rústicos a la mayoría de los terrenos del aeropuerto ciudadrealeño, pero para aquellos que quedaron fuera del recurso, todos por los que se pagó menos de 600.000 euros en la expropiación, mantienen la calificación de urbanizables dictada por el TSJCM, por lo que el Gobierno regional debe asumir el pago, al menos, 25,8 millones de euros, la diferencia entre lo que se pagó por esos terrenos en su día y lo que se debe pagar con su nueva denominación.
El aeropuerto de Ciudad Real está en concurso de acreedores desde junio de 2010, se encuentra cerrado al tráfico aéreo desde abril de 2012 y encara un nuevo proceso de subasta después de la reciente resolución que anulaba el celebrado hasta ahora.