José Manuel G. G., de Corral de Calatrava, pasó ayer dos veces por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en relación a dos causas por estafas, una de ellas cometida en la aplicación Wallapop y la otra en una empresa de suministro eléctrico cuya cantidad asciende a 7.000 euros.

No es la primera vez que José Manuel G.G. se sienta en el banquillo de los acusados -tiene en su haber seis condenas firmes- y tampoco va a ser la última, porque sigue teniendo causas pendientes con la Justicia. Está en prisión por otras causas y ayer fue trasladado desde la cárcel hasta la Audiencia Provincial de Ciudad Real para que respondiera por dos delitos de estafas, en uno de los casos el fiscal pedía una condena de cuatro años de cárcel y en el otro, dos más.

Sin embargo, la pena quedó reducida a la mínima expresión en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado con las partes.

José Manuel G. G. admitió ante el Tribunal de la Sección Segunda haber cometido el año pasado una estafa a través de Wallapop relativa a una máquina de bricolaje que ofertó por importe de 470 euros.

De cuatro años de cárcel que pedía la Fiscalía y diez meses de multa a razón de una cuota diaria de diez euros, la pena ha quedado reducida a un año y seis meses de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros, destacó el abogado Ángel Luis Romero Alarcón, que defendió al acusado por el Turno de Oficio.

José Manuel G. G. se dedicaba a vender ciertos productos por internet a través de Wallapop. Le pagaban el importe pero no enviaba el producto.

Según el abogado Romero Alarcón, el acuerdo alcanzado ayer «es muy bueno», habida cuenta de las penas que acumula por hechos de la misma naturaleza. De hecho el asunto ha llegado a la Audiencia porque tiene muchas penas condenatorias anteriores y otras causas pendientes.

La abogada Yolanda Pérez, que defendió al encausado también por el Turno de Oficio, consiguió igualmente que escapara bien de la otra causa que se vio ayer en la Audiencia. El acusado reconoció parte de los hechos que se le imputaban en relación a un asunto de 2014 relativo a la compra de material eléctrico y una deuda de 7.000 euros. Aceptó una pena de ocho meses de cárcel y el pago de dicha cantidad.