La empresa Servicios Infantiles Dulcinea quiere abandonar la concesión administrativa mediante la cual gestiona una Escuela Infantil o Centro de Atención a la Infancia (CAI) en la barriada de Fraternidad, muy cerca del Hospital Santa Bárbara, al entender que esta explotación «no ha cumplido con las expectativas de rentabilidad que fueron presupuesto de su instalación y puesta en marcha». Para ello, esta mercantil con sede social en Poblete, intentó ejercer su derecho a formalizar una renuncia unilateral al contrato de concesión firmado con el Ayuntamiento en diciembre de 2007 y declarar su resolución.
Según la documentación a la que ha tenido acceso La Tribuna, Servicios Infantiles Dulcinea comunicó esta decisión a la Administración municipal en marzo de este año con la intención de abandonar la concesión a fecha 31 de agosto, justo antes del inicio del curso académico 2018-19. Sin embargo, el Consistorio desestimó esta solicitud de renuncia unilateral, lo que motivó a la compañía a presentar un recurso contencioso-administrativo, el cual fue admitido a trámite el pasado 30 de octubre por parte del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ciudad Real.
Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad industrial tiene intención de personarse en esta causa, por lo cual elevará este asunto a la Corporación municipal, que mañana (17.30 horas) se reunirá en sesión plenaria de carácter ordinario. De este modo, la oficial letrado del Consistorio, Carmen Santos, señala en su propuesta para que la Administración local se persone «facultar tan ampliamente como en derecho proceda a la letrado que ostenta la representación para preparar e interponer, en su caso, el correspondiente recurso de apelación o casación, según sea procedente, contra la sentencia que recaiga en este recurso, cuando la misma sea perjudicial en todo o en parte para los intereses municipales a juicio de la letrada y designar a los profesionales precisos para el ejercicio de tales acciones».
Por su parte, Servicios Infantiles Dulcinea recoge en su propuesta de resolución unilateral del contrato que la inversión para la construcción y equipamiento de su Escuela Infantil ascendió a 852.534,04 euros, de los cuales 772.552,89 fueron para la construcción y los 79.981,15 euros restantes, para equipamiento y mobiliario. Sin embargo, no se ha cumplido con la rentabilidad prevista, puesto que la capacidad del centro es de 96 plazas y la ratio de optimización de plazas ocupadas es del 90 por ciento, algo que no se produce, siendo la evolución la siguiente: 75 plazas (25 en jornada completa) en el curso 2014-15, 66 plazas (18 en jornada completa) en el 2015-16, 76 plazas (23 en jornada completa) en el 2016-17 y 72 plazas (21 en jornada completa) en el curso 2017-18.
Asimismo, la concesionaria alega pérdidas desde 2014 a 2017 a pesar de haber reducido su gastos, principalmente mediante «ajuste necesario de personal» a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) acordados con la plantilla de personal «para adecuar las jornadas a la demanda existente. En febrero de 2014 hubo un ERTE de seis meses, en septiembre de ese año hubo otro igual y en marzo de 2014 también se produjo otro ERE temporal de seis meses; y en febrero de 2015 se retiró por baja una personal, lo que permitió la retirada del expediente.
Así las cosas, Servicios Infantiles Dulcinea considera que «con una claridad meridiana» el pacto entre las partes determina que el contrato puede terminar por renuncia del concesionario y que al término del mismo las instalaciones revierten a propiedad municipal y añade que «se establece una fórmula de indemnización que pone en evidencia que la reversión beneficia en todo caso al Ayuntamiento, que recibirá las instalaciones en el estado en que se encuentren».
No obstante, la concesionaria advierte de que su renuncia conlleva una indemnización por parte de Consistorio en función de las inversiones realizadas. De los 852.534,04 euros invertidos, fuentes consultadas por este diario señalan que Dulcinea podría pedir en torno a 600.000 euros.