Se han cansado de promesas que no se cumplen y de que les den largas. Jueces y fiscales irán mañana a la  huelga aunque el Ministerio de Dolores Delgado, hasta hace cinco meses fiscal anticorrupción, les haya anunciado que se les va a detraer por primera vez la retribución del día en su nómina, un reconocimiento implícito del derecho de huelga en la carrera judicial.

En Ciudad Real se anuncia una huelga mayoritaria. Todos los jueces consultados por La Tribuna, tanto de los juzgados como de la Audiencia Provincial, aseguran que van a ir a la huelga convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales porque la situación es insostenible por la falta de medios, los incumplimientos y las injerencias.

Una de las razones principales que esgrimen, según el juez Antonio Barba Mora, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ciudad Real, es preservar la independencia del Poder Judicial, que es «un bien que no podemos perder nunca». Los jueces de a pie sí «somos independientes, otra cosa es la cúpula, los nombramientos a instancias de los políticos».

El magistrado asegura que «el poder político tiende a ser omnívoro y abarcarlo todo. El único refugio que queda en España para la ciudadanía es el Poder Judicial, al que están siempre intentando manejar», subraya en declaraciones a La Tribuna el juez Antonio Barba, quien recuerda que «el Consejo General del Poder Judicial se cambió en la anterior legislatura y se ha hecho un órgano más presidencialista a través del actual presidente». De ahí que consideren esencial modificar el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial.

Los jueces y fiscales exigen que se refuerce la independencia judicial y para ello proponen «recuperar el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantizar la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados asegurando la igualdad de género y la representatividad». Además, en el comunicado que han firmado y que mañana leerá la juez decana de Ciudad Real, Isabel Serrano, consideran que el Consejo General del Poder Judicial «debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia».

Piden igualmente que se retiren las enmiendas presentadas a la proposición de ley de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque «coartan» el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ. Del mismo modo, demandan «imparcialidad en el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales con arreglo a perfiles previamente definidos y de acuerdo con un proceso transparente».

Tanto la juez decana como la magistrada de la Audiencia Provincial, Pilar Astray, delegada de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), reclaman incrementar las plantas judicial y fiscal con la convocatoria de, al menos, 1.200 plazas en los próximos cuatro años, así como un plan de inversión «suficiente y prolongado» que incluya un proceso de digitalización que facilite el trabajo diario en vez de ralentizarlo. Una de las reivindicaciones que afecta principalmente a Ciudad Real es la revisión de la experiencia piloto de la oficina judicial y el establecimiento urgente de unas cargas máximas de trabajo.

A modo de ejemplo de la situación que soportan jueces y fiscales, en Penal 2 de Ciudad Real el jueves empezaron a las nueve de la mañana los juicios y acabaron a las seis de la tarde. Pero lo peor, apuntan fuentes judiciales, es que las víctimas de la violencia machista tuvieron que soportar una larga espera, una situación que se resolvería con más medios personales y técnicos.

En este sentido, la juez decana asegura que reclaman los medios personales y materiales que necesitan para «poder cumplir las funciones que tenemos encomendadas constitucionalmente. Para que el ciudadano tenga una justicia de calidad, rápida y eficaz».

Por último, aunque no menos importante las asociaciones de jueces y fiscales que convocan la huelga piden una reunión inmediata de la mesa de retribuciones para recuperar la pérdida de poder adquisitivo desde la crisis.