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Las infracciones contra el patrimonio repuntan

A. Pobes - lunes, 3 de diciembre de 2018
Las infracciones contra el patrimonio repuntan
El Seprona destapó en 2017 dos delitos, lo que significa que se han multiplicado por ocho en el último año. La Junta achaca el incremento a una mayor vigilancia

Los agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han detectado este año, hasta el mes de octubre, 17 infracciones contra el patrimonio arqueológico y cultural de la provincia, lo que ha supuesto un importante repunte en el último año, ya que en 2017 se destaparon tan solo dos delitos. Los datos aportados a La Tribuna por la Delegación del Gobierno demuestran que este tipo de actuaciones se han multiplicado por ocho en tan solo un año situándose así a niveles de 2012, cuando se registraron un total de 15. Fue a partir de 2013 cuando las infracciones fueron disminuyendo paulatinamente con el registro de seis como máximo (en 2013) a excepción de este año, que se han alcanzado las 17. 
 A nivel regional, la situación es bien distinta. De tal forma que si en la provincia se ha producido un aumento, en la región se ha registrado un ligero descenso en comparación a uno y otro año con tan solo una infracción menos, pasando de 30 a 29. Si los datos se remontan a 2012, en Castilla-La Mancha se contabilizaron 51, cifra que va en detrimento cada anualidad. 
Desde el área de Patrimonio provincial, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, achacan este aumento de infracciones en la provincia a una mayor vigilancia. Así lo argumenta Enrique Jiménez, jefe del área, quien atribuye la labor de un mayor control de intervenciones contra el patrimonio cultural a la nueva fiscal de Medio Ambiente, ya que «se han detectado más visitas a los yacimientos y bienes culturales por parte de los agentes del Seprona». 
En declaraciones a este medio, Jiménez manifiesta que existe toda una diversidad de infracciones y delitos. Así por ejemplo, entre los más frecuentes se encuentra el uso de los detectores de metales en yacimientos arqueológicos de cara a encontrar utensilios metálicos de valor como monedas o puntas de flechas, lo que supone «un delito de expolio en el yacimiento». Una práctica que en comunidades como en Andalucía «está expresamente prohibido», mientras en Castilla-La Mancha «el uso del detector está permitido pero no para expoliar un yacimiento». Se trata, explica, de una herramienta que sirve para encontrar importantes bienes. En relación a otros hechos de actuaciones prohibidas, Jiménez destaca cuando este año en el Castillo de Salvatierra, de propiedad privada y ubicado en Calzada de Calatrava, había un rebaño de ovejas pastando en él o cuando el año pasado los franciscanos de Alcázar de San Juan pintaron sin permiso y con pintura plástica el pórtico de la iglesia de la localidad. Su retirada, lamenta el jefe del área de Patrimonio, les acarreó una importante sanción económica.  Asimismo, recuerda también cuando un colegio de Calzada de Calatrava, desde que abrió sus puertas, exponía en sus vitrinas  importantes piezas arqueológicas, y que «aunque no fue delito supuso la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil». 
Diferentes actuaciones que se pueden considerar leves, graves o  muy graves y que pueden conllevar sanciones que oscilan desde los cien euros al millón, aunque en los últimos años «no se han producido atentados graves a los bienes protegidos»; son las correspondientes a daños «irreparables» en el patrimonio y en lo que ha contribuido, señala, «la conciencia de la sociedad y la colaboración de instituciones, colectivos y ciudadanos». Por todo ello, Jiménez reconoció la importante labor que desempeña la Guardia Civil para proteger el «rico y amplio  patrimonio» que posee la provincia, que cuenta con alrededor de un centenar de bienes declarados de Interés Cultural (BIC) «figura de máxima protección». Asimismo, todas las obras que pueden afectar a los bienes protegidos, necesitan autorización previa por parte de Patrimonio con los condicionantes que sean necesarios, y antes que los ayuntamientos otorguen la correspondiente licencia.  
ley de patrimonio. El jefe del área provincial de Patrimonio de la Junta de Comunidades recuerda que la comunidad cuenta con una ley de Patrimonio Cultural que se remonta al año 1990 y que se modificó en 2013, además de la normativa estatal de 1985. Así, recuerda que la legislación regional fue de las primeras que se aprobaron e incide en que «todas las comunidades deberían profundizar más en el procedimiento sancionador, pues debería  ser más contundente». 

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