El rescate de la antigua Caja Castilla-La Mancha (CCM) costó más 7.316 millones de euros de recursos públicos, bien empleados directamente en reflotar la entidad, bien comprometidos a través de diferentes líneas de crédito. En concreto, fueron 4.316 millones a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos y 3.000 de ‘crédito urgente’ del propio Banco de España, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que acaba de presentarse en el Congreso de los Diputados.
No obstante, la intervención de la ya extinta CCM llegó unos meses antes de la creación del propio FROB. El 29 de marzo de 2009, la comisión Ejecutiva del Banco de España intervino, por primera vez en esta crisis, los órganos de administración de la caja de ahorros regional ante «la grave situación de liquidez que atravesaba la entidad», que había agotado su capacidad para obtener financiación ordinaria, y «para evitar que las previsibles retiradas de depósitos provocaran una crisis de confianza en el mercado de bonos, obligaciones y acreedores en general». El propio Banco de España fue el encargado de canalizar las ayudas para rescatar a CCM tras aquel ‘domingo negro’.
Pero volviendo a los millones invertidos en CCM, la mayor parte de este dinero llegó a través de los llamados ‘esquemas de protección de activos’ (EPA) del Fondo de Garantía de Depósitos. Estos fondos estaban destinados a cubrir unas pérdidas máximas durante el proceso de venta de la entidad, que en el caso castellano-manchego se elevaron hasta los 2.475 millones. Al cierre de 2012, la pérdida estimada del EPA ascendía a 1.949 millones, según constata el Tribunal de Cuentas. No obstante, este fondo sí habría cobrado ya a CCM 58 millones procedentes de la realización de activos y 39,7 a modo de comisiones asociadas a la EPA.
Junto a la EPA, CCM recibió otros 1.300 millones de euros más del Fondo de Garantías de Depósitos en forma de participaciones preferentes (PPC), para garantizar la estabilidad de la entidad tras la intervención. CCM liquidó está deuda año y medio después, en septiembre de 2010, tal y como consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta liquidación coincidió en el tiempo con la transformación de la antigua caja regional en el actual Banco CCM, integrado en el Grupo Cajastur ( hoy Liberbank).
Por otro lado, el Banco de España concedió un crédito de urgencia a CCM a los pocos días de su intervención (los ya citados 3.000 millones), para evitar su caída y que tuvo el aval del Gobierno central, reunido de forma extraordinaria esos días. Esta línea de crédito ya ha sido cancelada, los principales dispuestos reembolsados y los interés (de 64 millones de euros) satisfechos.
Pero las ayudas públicas a CCM no concluyeron el día de la intervención. Para facilitar la integración de la antigua caja en el Banco Liberta (propiedad de Cajastur), el Fondo de Garantía de Depósitos le concedió una financiación adicional de 350 millones (fuera de la ya citada EPA). El objetivo de esta nueva inyección fue el de «atender determinados pasivos que no podían traspasarse por su configuración jurídica a la entidad receptora del conjunto de activos y pasivos que integraban el negocio bancario de CCM», según reza el informe del Tribunal de Cuentas.
A estos ‘extras’ habría que sumar otros 191 millones de euros, también procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos y dirigidos a llevar a buen puerto la integración de CCMen Cajastur. Así, por ejemplo, se destinaron un total de 90 millones a ‘perimetrar’ los activos y pasivos que salían de CCM con destino al Banco Liberta.
Pero no todo fueron entradas de fondos en CCM. En este proceso de integración, que concluyó en septiembre de 2010, el Fondo de Garantía de Depósitos recibió de CCM 1.089 millones de euros asociados al negocio no bancario -Obra social y Corporación empresarial- en pago parcial de las cuantías aportadas hasta el momento.
A pesar de todo, lo de CCM puede considerarse peccata minuta si se compara con lo que ha costado la reestructuración del sistema bancario español en esta crisis. Entre 2009 y 2012 se han empleado o comprometido recursos públicos por un valor de 107.913 millones de euros, según confirma el Tribunal de Cuentas. Más de la mitad de estos ‘apoyos’ se han materializado en aportaciones al capital de las entidades de crédito y a cuotas participativas (57.004 millones). Las dos entidades más beneficiadas por esta inyección de dinero público han sido el Banco CAM (24.861 millones) y Bankia (22.426 millones).