El Ministerio propone plantar 5.700 hectáreas más pese a las 30.800 pendientes en la región

I. Ballestero
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Influencia negativa. La Consejería pide al Gobierno que rebaje la cota a autorizar a 2.400 hectáreas y las asociaciones de viticultores exigen reducirla al mínimo para no ampliar la producción y devaluar más el precio de mercado

La fotografía del viñedo en la provincia, en la región y en el país se decide estos días en los despachos del Ministerio de Agricultura, donde se está trazando el boceto para las nuevas plantaciones de vid para este año. El nuevo régimen de autorizaciones que entró en vigor el pasado 1 de enero ha fijado en los meses iniciales de cada año, hasta 2030, el debate del cupo de superficie a autorizar por parte de Agricultura para nuevas plantaciones de viñedo, una cifra que afectará de manera inexorable al futuro del mercado de vino en el medio y el largo plazo. Según la nueva reglamentación, el régimen de autorizaciones dará luz verde de manera anual a nuevas plantaciones que supongan entre un 0 y un 1 por ciento de la superficie total del viñedo en el país, para poder controlar así el crecimiento de un cultivo cuyo porvenir parece indefectiblemente ligado a la exportación. En su propuesta inicial, el Ministerio propone autorizar nuevas plantaciones hasta cubrir un 0,6 por ciento de la superficie total del viñedo español, esto es, sumar 5.752 hectáreas a las cerca de 960.000 con las que cuenta el campo nacional. Esa propuesta no ha sido bien acogida en la provincia de Ciudad Real ni tampoco en el Gobierno regional, desde donde pretenden rebajar la cota lo máximo posible. En el caso de la Junta, la propuesta se reduce hasta el 0,25 por ciento, alrededor de 2.400 hectáreas, mientras que UPA y Asaja exigen que se reduzca al mínimo posible, el 0,01 por ciento o lo que es lo mismo, 96 hectáreas.

La cifra no es baladí. El incremento del potencial vitícola del país supondría elevar el listón de las producciones medias que sacar al mercado en un sector que apenas se ha recompuesto después de la sobreproducción de 2013, que obligó a las cooperativas y bodegas de la provincia de Ciudad Real a un esfuerzo de comercialización a costa de los precios, y a hacerlo en un contexto de caída del consumo interno y de competitividad en el mercado exterior. Además, estas nuevas plantaciones no suponen partir de cero en la ampliación del viñedo español, ya que hay pendientes de plantación hasta 68.000 hectáreas en todo el país, alrededor de 30.800 de ellas sólo en Castilla-La Mancha. «Si aumentamos la oferta va a seguir bajando el precio», advirtió Julián Morcillo, secretario regional de UPA; «hacer crecer la producción no es lo que necesita el mercado», secundó Pedro Alcolea, vicepresidente provincial de Asaja.

El cupo de autorizaciones que marque el Ministerio de Agricultura tendrá un doble efecto: sobre el campo en sí, primero, y sobre el mercado después. Para empezar, las autorizaciones que se concedan tienen una vigencia de tres años, y no se organizan por regiones sino por criterios individuales de selección. Es decir, que los agricultores, independientemente del lugar en el que tengan ubicadas sus explotaciones, podrán optar libremente a esas 5.700 hectáreas, que se concederán según unos criterios establecidos. Teniendo en cuenta que la región aglutina prácticamente la mitad de toda la superficie de viñedo del país, y que en Ciudad Real hay 156.000 de las 960.000 hectáreas, no sería de extrañar que buena parte de las nuevas plantaciones cayeran en la región. ¿Se plantarían esas 5.700 hectáreas este año? No, la vigencia de los derechos da la posibilidad de hacer la plantación en los próximos tres años, pero hay otro factor a tener en cuenta: los derechos vigentes de regímenes pasados.

En toda España, los colectivos de agricultores estiman que quedan por plantar 68.000 hectáreas de viñedo ya autorizado, que habrá que sumar a la superficie existente. En la región, esas plantaciones pendientes rondan las 30.800 hectáreas, y los derechos de 9.140 de ellas se extinguen este año, es decir, si no se han plantado ya, se plantarán durante 2016. En 2017, los derechos que prescriben suman más de 3.700 hectáreas, y en 2018 más de 4.300. En todo el país, entre 2016 y 2017 caducan derechos para plantar 26.000 nuevas hectáreas. «Hace nada estaban subvencionando el arranque y ahora quieren autorizar nuevas plantaciones, no lo entendemos», explicó Julián Morcillo, que recordó las ayudas «recientes» para el arranque de 100.000 hectáreas.

el mercado. El efecto sobre el campo se trasladará en pocos años al mercado, y el mercado del vino mira más que nunca al exterior. «En un año de sequía como el pasado alcanzamos los 41 millones de hectolitros en el país, 23 millones casi en la región, por lo que en un año bueno de lluvias podemos elevar aún más la cifra con la superficie existente, y hay que comercializarla», incidió el secretario regional de UPA. «Los niveles de consumo provocan que tengamos mucho stock y que tengamos una gran dependencia del exterior», añadió Pedro Alcolea, desde Asaja. Y en base a las previsiones de consumo interno, esa dependencia del mercado exterior puede acentuarse.

Antes de exponer los últimos datos de consumo de vino por habitante, conviene subrayar una cuestión. España se enfrenta en el mercado exterior en la venta del vino a dos competidores importantes: Italia y Francia. La normativa de la que nace el cupo de autorización para el nuevo viñedo es europea, es decir, que hasta 2030 se aplicará en todos los países de la UE. Francia e Italia han definido ya sus pretensiones para este año, y ambas apuestan por estirar el cupo al máximo y autorizar nuevas plantaciones de viñedo hasta el 1 por ciento de su superficie actual. Es decir, que quieren aumentar su potencial vitícola en los próximos años.

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura y del Observatorio Español de los Mercados del Vino situaban en torno a los 17 litros el consumo por habitante en España durante la primera mitad del año 2015. Este mes de enero, un estudio de Constanza Business Protocol School ha acotado el consumo medio de vino por habitante en el país durante el ejercicio que acaba de terminar, y ha proyectado el futuro en base a la evolución de esta cifra en los últimos años. En España, el consumo medio por habitante es de 17,25 litros, después de haber caído un 17,81 por ciento desde el año 2010. Este mismo estudio señala que el consumo medio por habitante caerá en los próximos años un 14,71 por ciento más, hasta situarse en 14,71 litros por persona. En Francia, el consumo medio se sitúa en 42,49 litros, y caerá hasta los 37,25 en 2019; en Italia, el otro competidor en el mercado, está en 43,84 litros por habitante, y caerá hasta los 41 litros. Es decir, que a pesar de la caída prevista para los tres países, el consumo interno en Francia e Italia prácticamente multiplicará por tres al de España.

En la región, el dato tampoco es halagüeño. El consumo medio se situó en 2015 por debajo incluso de la media nacional, en 15,33 litros por persona. Viene de perder un 18 por ciento en cinco años, y perderá otro 14,6 por ciento en los próximos cinco. En 2019, cada ciudadano castellano-manchego beberá 13 litros de vino al año. Consumirá menos pero en la región habrá más superficie y posibilidades de una mayor producción.

¿Será el 0,6? La Junta cree que sí. A pesar de las alegaciones presentadas por las partes, la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, reconoce que el informe en el que basa su propuesta el Ministerio «está bien argumentado», pero subraya que la posición del Gobierno regional sería rebajarlo al 0,25. «No creemos que se vaya a mover mucho, y las producciones tienen más que ver con la meteorología que con la superficie», afirmó la directora general, que cree que el potencial vitícola de la región y del país «no podemos reducirlo ni abandonarlo», finalizó.