La crisis ha favorecido estos años la proliferación de talleres mecánicos clandestinos, no en vano sus prácticas son viejas conocidas para los profesionales del sector. Con precios que en muchos casos suponen al cliente un ahorro «de hasta el 50%» respecto a un taller oficial y que prestan servicio desde cocheras particulares o parcelas a las afueras de los pueblos, este tipo de actividades están haciendo «un gran daño» a un colectivo que ya de por sí está muy tocado debido a la mermada situación económica de las familias.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Ciudad Real, Miguel Ángel Rivero, cifra en aproximadamente 40 las denuncias que desde la organización registraron el pasado año en la Inspección de Trabajo y en el Seprona contra este tipo de negocios que operan fuera de la legalidad en la provincia. «Un 30% más» que las que se registraron en todo 2014.

Recientemente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, mantuvo una reunión con representantes de la Federación regional e Empresarios de Automoción, en la que estuvo presente Miguel Ángel Rivero. El objetivo: trasladar a la Administración autonómica su preocupación por esta práctica y también por la venta ilegal de vehículos en la calle. «Fue muy sensible a la situación y se mostró en todo momento dispuesta y con voluntad para colaborar, de tal forma que nos animó a informar de estos negocios», comentó Rivero. En el encuentro se evidenció la fuga de impuestos y pagos a la Seguridad Social que suponen también estas actividades.

El daño, explicó Rivero, va más allá de las pérdidas económicas que conlleva para los profesionales que registran sus talleres en Industria. El uso de herramientas que no son las idóneas para hacer reparaciones de envergadura, como pueden ser piezas de dirección o suspensiones, «ponen en riesgo la seguridad vial», sin desdeñar el vertido que se realiza de residuos con los cambios de aceite en lugares como el campo.

Lo habitual es que este tipo de talleres trabajen sin las pertinentes licencias, y sin las obligaciones fiscales y laborales que exige la ley, como la regularización de los trabajadores. «El problema es que desde la Administración no se realiza un seguimiento y control oportuno de las actividades», indicó Rivero.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) establece que por cada taller oficial estaría funcionando «uno ilegal» o en otras palabras: alrededor de 3.000 establecimientos clandestinos en todo el país.

No obstante, el responsable de la asociación provincial aseguró que es muy complicado hablar de una cantidad concreta en la provincia, en tanto la administración que mejor puede detectarlos son los ayuntamientos que, en contra, cuentan «con escasos recursos».

Para luchar contra estas prácticas, según Rivero más habituales en la capital donde pasan más desapercibidas, y «que van en contra del propio cliente y su seguridad», la mejor opción es concienciar mediante campañas, con las que el Gobierno autonómico se comprometió a ayudar.

«se atreven con todo». «Estos lugares han existido, existen y existirán si la Administración no lo remedia», comentó Sebastián García, propietario de Talleres Sánchez Muñoz, en Ciudad Real. Bajo su punto de vista, ante la falta de recursos, el cliente intenta abaratar unos gastos que van «en su propio detrimento sin saberlo», ya que no cuentan con garantías de la reparación y con la calidad exigible.

García confirmó a este medio que la existencia de este tipo de negocios se nota, y mucho, sin necesidad de ser vistos: «Lo notamos en las reparaciones que hacemos y sabemos que eso no se ha podido arreglar en un taller profesional, en otros casos el cliente lo reconoce».

En estos lugares, según este empresario, se realizan todo tipo de reparaciones, aunque esencialmente chapa, pintura y mecánica. «Se atreven con todo y el problema es que estamos hablando de presupuestos la mitad más baratos que los nuestros, pero claro, sin garantías y materiales de calidad y sin pagar impuestos, sí se puede hacer», lamentó. En su opinión, la «falta de asociacionismo y unión entre los talleres legales» es un freno a la solución de un problema que resta clientes potenciales a sus negocios.