El subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, insistió ayer en que «en ninguna parte de la provincia existe asentamiento ilegal». Rodrigo respondió así a preguntas de los periodistas sobre las últimas declaraciones de Comisiones de Obreras denunciando que en la localidad «viven unos 300 trabajadores temporeros hacinados en casas de campo y naves agrícolas, y presumiblemente sin dar de alta en Seguridad Social».   
Rodrigo argumentó que de enero a julio de 2013 se registró «un solo delito» y que este año, en ese mismo periodo, hubo otro, «una agresión entre rumanos», por lo que el problema, dijo, se «debe realmente a un problema incívico como suciedad y ruidos entre la población inmigrante», pues de los 116 trabajadores extranjeros, 105 «son rumanos con domicilio fijo en el municipio». En este mismo sentido, el subdelegado del Gobierno declaró que Trabajo inspeccionó entre 12 y 14 empresas en localidades como Llanos del Caudillo y Alcázar de San Juan y «no se detectó ningún tipo de irregularidad. Todo se encontraba bajo la absoluta legalidad».

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