La decisión, en forma de sentencia, de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que corrige el fallo de este mismo año de la sala de lo Civil, también del Supremo, respecto a quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados al constituir una hipoteca, supuso ayer un auténtico terremoto para el sistema financiero español, al que se le pueden venir encima una nueva avalancha de demanda. Al menos, entre seis y ocho millones de personas son las que habrían pagado en España una tasa que no tenían que haber pagado, según los primeros cálculos que hicieron ayer las asociaciones de consumidores. 

El Supremo cambia su interpretación y entiende que el beneficiario de la escritura notarial hipotecaria es el acreedor, esto es, el banco, y no el hipotecado. Este tributo, hay que recordar, supone el principal coste de constitución de una hipoteca. Solo en la provincia de Ciudad Real, en los últimos cuatro años, desde 2014, se han constituido más de 10.300 créditos hipotecarios para comprar viviendas. Ellos, «con total seguridad, van a poder recuperar su dinero», según explicó ayer a La Tribuna el abogado Antonio Muñoz, de la firma Abogados Muñoz, que habla de «una sentencia revolucionaria que va a cambiar otra vez el giro de los gastos hipotecarios, porque todos los gastos de formalización de las hipotecas los tiene que pagar el banco». 

Las cuentas que realiza Muñoz son claras: para una hipoteca media constituida en Ciudad Real por valor de unos 120.000 euros, «podemos hablar de una devolución de entre 3.000 y 5.000 euros, una cantidad bastante importante», remarca el abogado que insiste en que «lo que antes podía ser una recuperación de cantidades casi mínima, ahora es ya una recuperación bastante gorda». 

Más información en la edición impresa