El proceso de desarme de la banda terrorista ETA ha ido dando tímidos pasos en los últimos años. Es cierto que hicieron el gesto de deponer las armas ante el llamado Comité Internacional de Verificación (CIV) el pasado mes de febrero, pero nunca han llegado a rechazar de manera definitiva la violencia. Ahora, quien ha movido ficha es el Gobierno vasco, que ayer hizo llegar al CIV una propuesta de «desarme rápido, viable y efectivo» basado en «un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca y con cobertura social, internacional e institucional».
Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un «comité para el desarme» integrado por el Foro social, agentes internacionales, representantes Ejecutivo autónomo al que la banda entregará «en un plazo de tiempo comunicado» la localización de sus armas, de manera que el Gabinete de Íñigo Urkullu actúe como «legalmente» proceda.
El Gobierno vasco hizo pública esta oferta después de que los verificadores hayan anunciado en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas y explosivos. Tras conocer el mensaje de la CIV, el Ejecutivo vasco manifestó su «respeto y apoyo a los buenos oficios que desarrollan» los verificadores, y adelantó que tenía conocimiento «de la situación de estancamiento en el proceso de desarme que refleja el comunicado».
Por ello, transmitió a la Comisión Internacional de Verificación que «un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor» y a los terroristas un desarme «efectivo». «El costo del no desarme lo paga la sociedad vasca y esto es inadmisible», rezaba el texto.
Entre esos pilares, se añade que, «en un plazo de tiempo comunicado», la banda deberá estructurar el depósito de todas sus armas y explosivos «en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población».
También se solicitará el apoyo del Parlamento vasco para este comité. «La banda armada deberá hacer entrega de la localización de sus almacenes y explosivos a la representación de la sociedad vasca en forma del Comité para el Desarme», añade. Por último, «esta representación social» entregará esta información al Comité para el Desarme que lo pondrá, a su vez, «en manos del Gobierno vasco para que éste actúe como legalmente proceda».
La hora de la verdad. Según manifiesta el Ejecutivo del PNV, desde el principio de la legislatura, el Gobierno vasco «ha adoptado una posición exigente, activa, flexible y paciente en esta materia», durante la que ha reconocido «las dificultades operativas de un desarme en las condiciones actuales, ha cooperado con los agentes internacionales que tratan de contribuir al desarme, ha pedido colaboración al Gobierno español y ha ofrecido su disposición a colaborar incluso materialmente». Sin embargo, creen que 38 meses es «demasiado tiempo sin ningún resultado efectivo» y afirman que el de enero de 2014 «fue un paso a todas luces insuficiente». A su juicio, «la ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no desarme».
Tras considerar que «esto no es aceptable» porque «el no desarme no es inocuo», el Ejecutivo favorecería «nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario en los temas estratégicos y en la convivencia», crearía «condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias». También «liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado» y facilitaría «su incorporación normalizada al juego político democrático».