«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Este es el texto que se puede leer en el artículo 47 de la Constitución donde no aparece ni la necesidad de una nómina fija, ni de un contrato indefinido ni muchos de otros condicionantes que se ponen a un inquilino a la hora de firmar un contrato de alquiler. Por estos condicionantes existen personas que pese a tener unos ingresos mínimos con los que afrontar el pago mensual del alquiler no pueden acceder a un hogar. A estas personas se dirige una iniciativa de la ONG Accem que busca alquileres a estas familias. El nombre del proyecto es ‘Vivienda para la Inclusión en Castilla-La Mancha’.  Se trata de una iniciativa que existe en Albacete y Guadalajara, además de en Ciudad Real. La iniciativa comenzó como un proyecto dirigido a apoyar a las familias en la época de crisis, «en temas de desahucio» pero con el tiempo se re enfocó hacia estas estos alquileres.

La organización lleva años desarrollando esta medida mediante la búsqueda de una red de viviendas que se alquilen a estas familias. La labor de Accem es mediar entre propietarios e inquilinos para que los primeros alquilen su piso a familias que con 400 ó 600 euros mensuales, recibidos de subsidios, ayudas sociales o pensiones, son capaces de pagar el alquiler y sufragar gastos como la comida o los suministros, bien por sí mismos o con cierta ayuda de administraciones, a través de ayudas específicas. Dentro de este proyecto hay 75 personas inscritas en la provincia, en este momento, y cuenta con «nueve o diez» casos de éxito en el año 2018, según explicó la coordinadora de la iniciativa Beatriz Gómez. «La mayoría son familias españolas, sobre todo personas mayores con pensiones no contributivas, que van de 368 a 417 euros».

Tras el periodo estival y ante el incremento de los precios del alquiler la iniciativa ha empezado a tener problemas para encontrar hogares y, por este motivo, se ha lanzado con una campaña a la búsqueda de propietarios concienciados que les interese alquilar bajo estas condiciones. «El problema es que antes había pisos de 200 euros y ahora de 350 no bajan y con una ayuda de 400 euros es imposible alquilar. El año pasado encontrar me costaba menos encontrar estas viviendas», argumentó, la coordinadora. Sobre todo se reclama la implicación de «constructoras o de entidades bancarias» que cuentan con viviendas vacías para que participen en esta iniciativa de alquiler social, algo imposible si se pide, por ejemplo, varias mensualidades antes de entrar, porque resulta imposible para estas familias en situación de vulnerabilidad que viven al mes. En este sentido, Gómez recuerda que las personas atendidas «no tienen un contrato de trabajo» pero eso no implica que no puedan afrontar un gasto de 200 ó 300 euros de alquiler. «El proceso conlleva una entrevista personal con las familias para conocer su demanda, necesidades y a partir de ahí se intentan buscar las casas», comentó Gómez. «Yo entiendo a una familia que quiere acceder a un alquiler y entiendo a un propietario que piensa que una familia que cobre 420 euros, no puede pagar el alquiler, el gas y comer» pero con la implicación, a través de los servicios sociales se logra, dijo la técnica de Accem.

Entre los atendidos «hay quienes viven en chabolas, procedentes de San Martín de Porres, personas que han ocupado viviendas, gente pendientes de orden de desahucio, en pisos sin contrato o sin condiciones de habitabilidad o de hacinamiento» así como esos chicos de autonomía que no cuentan con nadie para sus actividades. Los ingresos pueden proceder, por ejemplo, de planes de empleo y del paro posterior, lo que permite por un tiempo abonar un alquiler.