En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Estado mantiene el control sobre aquellas pagas no contributivas que concede en la provincia de Ciudad Real, al igual que en el resto del territorio español, para beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. De hecho, el Ejecutivo, regional en este caso, exige a los beneficiarios que renueven anualmente la documentación en base a la cual concede o deniega estas ayudas, pero además realiza inspecciones de oficio a lo largo del año que pueden hacer que un beneficiario que haya rebasado los límites económicos durante el ejercicio pierda una prestación que en un primer momento le fue concedida. Según los datos del Imserso a los que ha tenido acceso este diario, desde el año 2011 el Ejecutivo ha retirado por este motivo más de 1.500 pagas no contributivas de jubilación e invalidez en la provincia de Ciudad Real, una media de 225 al año que proceden, sobre todo, no de la revisión anual de la documentación de los beneficiarios, sino de aquellos controles que los organismos públicos emprenden de oficio para controlar que durante todo el tiempo que dura la prestación se cumplen, sin modificaciones, los criterios económicos que dieron lugar a la misma.
Las pensiones no contributivas son las que concede el Estado para mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una prestación contributiva en los parámetros establecidos, o a personas entre 18 y 65 años con una discapacidad o con una enfermedad crónica de un grado igual o superior al 65 por ciento. La competencia está transferida a las comunidades autónomas, que son las encargadas de tramitar las solicitudes y vigilar el cumplimiento de las mismas, aunque en última instancia las cifras llegan al Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En su último informe de gestión, el referente al periodo 2011-2017, el Imserso contemplaba la retirada de 1.581 pagas por motivos económicos, esto es, por exceder los límites marcados en las condiciones que delimitan la concesión de la prestación o por cambios en los ingresos del beneficiario no comunicados dentro del plazo previsto a la administración, periodo que se estipula en un mes.
De estas pagas que han sido retiradas en la provincia de Ciudad Real en los últimos años, 403 lo fueron tras la revisión anual de las condiciones de la pensión, es decir, a la hora de entregar la documentación que la administración pide para el mantenimiento de la misma. El resto, 1,178, fueron consecuencia de las revisiones de oficio que la propia administración realiza sobre los beneficiarios a lo largo del ejercicio. O lo que es lo mismo, tres de cada cuatro pensiones no contributivas que se retiran en la provincia de Ciudad Real por cambios en los recursos económicos de los beneficiarios son consecuencia de las revisiones que la administración emprende por su cuenta, no de las revisiones anuales de la documentación que presentan los beneficiarios.
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