El PP quiere sacar adelante una reforma de la Administración que cierre el modelo de Estado en España, clarificando qué competencias son del Gobierno central y cuáles de las comunidades autónomas para terminar así con las duplicidades.
El portavoz parlamentario popular, Alfonso Alonso, destacó ayer que el reto que tienen por delante «no lo ha hecho nadie en 30 años» y se muestra convencido de que el camino correcto es el de «no duplicar competencias» y «clarificar la posición de cada uno» pues siendo capaces de saber lo que le compete a uno mismo, «todo funcionará mejor».
Como ejemplo de esta filosofía, citó la oferta hecha por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, a las regiones para que cierren sus oficinas con marca propia en el extranjero y las integren en la red de embajadas y centros comerciales del Estado. «Si la nación tiene el objetivo de mostrarse al exterior, que las autonomías no tengan embajadas nos parece lógico, porque le corresponde hacerlo al Estado y el dinero se reparte para que cada uno haga sus cometidos», argumentó.
Alonso afirmó que a su formación le gustaría «llegar a un consenso» con los socialistas para sacar adelante esta reforma, pero reconoció que «en este momento no parece muy posible». De este modo, recordó la iniciativa planteada por los populares de reducir el número de parlamentarios autonómicos en toda España, donde «en todas partes» se han topado con la oposición del PSOE.
Asimismo, explicó que la modificación responde a la necesidad de hacer un «ajuste» para que el Estado descentralizado vuelva a ser lo que era antes de que se cometieran algunos «excesos» que, en su opinión, ahora hay que enmendar. El conservador defendió el sistema actual por la conveniencia de que las decisiones sobre la gestión de los recursos públicos estén «más cerca de los ciudadanos», pero advirtió de la deriva de los últimos años, cuando las comunidades autónomas «han tenido la tentación de convertirse en Estados».
Frente a esta deriva, subrayó que el Ejecutivo central no puede inhibirse, sino que debe ejercer «su papel, algo que en España durante muchos años se ha «ignorado» y que ahora hay que reorganizar para garantizar la viabilidad.
Aunque el portavoz del PP no quiso hacer hincapié en la situación catalana, que tantos quebraderos de cabeza está causando al Gobierno de Rajoy acerca del pacto fiscal, el pasado viernes la edición del diario británico Financial Times publicó que Moncloa «estaba aprovechando la crisis como una justificación pragmática y una excusa política» para acabar con el sistema regional que «ideológicamente detesta», según recogía un artículo firmado por David Gardner, debido al carácter soberanista y radical de Cataluña.
 
Fuera los brochazos. Por otro lado, sobre el Estado de las Autonomías también se refirió el presidente del Congreso,Jesús Posada, quien defendió que, en su conjunto, ha tenido un resultado positivo para España y para los ciudadanos, aunque admitió que, al cabo de los años, «se han visto situaciones en las que se ha hecho un gasto excesivo en actuaciones que no tenían que haberse hecho» y también se han revelado «duplicidades», sean de comunidades y Administración central, o entre regiones y ayuntamientos.
En su opinión, «hay un campo muy amplio para una reforma profunda» que permita «aligerar el sistema» para dejar claro de quién es cada competencia, con una organización menos confusa, y para gastar mejor. En todo caso, consideró que esta tarea debe acometerse «con pincel y no a brochazos». «Habría que delimitar esas competencias multiplicadas, ese exceso de grasa que hay en la Administración y ahorrar allí, pero sin cambiar radicalmente el sistema autonómico», sostuvo. En ese sentido, se mostró contrario a que las regiones devuelvan al Gobierno central competencias como la Educación o la Sanidad, que es precisamente lo que definió como «brochazos».