La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a once personas e imputado a otras seis más como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental por manipular el cuentakilómetros de 38 vehículos en nueve localidades. Con estas detenciones, y bajo la operación 'Shaved', se han esclarecido un total de 17 delitos.
Una vez alterado el kilometraje, los autores vendían los automóviles a terceros que pagan un precio «mucho mayor que el que pagarían en caso de conocer los kilómetros reales», ya que en muchos de los casos la reducción era superior a cien mil kilómetros. Así lo comentó el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, quien señaló además que los autores podrían haber obtenido de esta forma un beneficio ilícito que podría cuantificarse entre 2.000 y 4.000 euros por operación.
Las investigaciones se iniciaron en el mes julio a raíz de una de una denuncia interpuesta por uno de los estafados. Las indagaciones permitieron averiguar que esta práctica se estaba realizando en diferentes puntos de la provincia de Ciudad Real, por lo que los agentes de la Benemérita consiguieron información de las distintas empresas multinacionales, que aportaron listados de vehículos vendidos a distintos establecimientos de la provincia donde constaba el kilometraje real con el que había sido vendido cada automóvil.
Acompañado por el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Humberto Urruchi, Rodrigo declaró que tras las investigaciones se llevaron a cabo 10 inspecciones en establecimientos de compraventa de vehículos de las localidades de Membrilla, Daimiel, Socuéllamos, Calzada de Calatrava, Valdepeñas, Manzanares, La Solana, Almuradiel, Almagro y Ciudad Real, como resultado de las cuales la Guardia Civil detuvo e imputó a esas personas, todas ellas de nacionalidad española. Obtenidas las pruebas se intervinieron un total de 38 vehículos, de los que 11 han sido precintados y 27 han quedado en poder de sus actuales propietarios, y han quedado todos a disposición judicial.
Durante el transcurso de la investigación se detectaron varios delitos de falsedad documental al falsificar algunos contratos con modificación posterior de los kilómetros, así como de usurpación de estado civil, ya que se realizaban compras de vehículos en nombre de otras personas sin poseer autorización real de los adquirientes.