Los diputados nacionales del PSOE, Isabel Rodríguez y José María Barreda, exigieron ayer 14,5 millones de euros para una provincia que «maltratada por el PP de Cospedal y Rajoy» al contar con una inversión de 77 millones de euros, un 13 por ciento inferior a la de un año antes. «A cada ciudadrealeño le corresponde un total de 148 euros, cuando la media estatal está en 238», lamentó Rodríguez. Por ello, presentaron una enmienda para dedicar dos millones de euros para la autovía Ciudad Real-Toledo porque, según explicó, «en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aparecen consignados cero euros». «En el mismo proyecto hablan de la redacción de un estudio informativo, cuando el anterior gobierno socialista en Castilla-La Mancha dejó resueltos todos los trámites administrativos y licitado el proyecto de obras. Eso es malgastar el dinero, porque la infraestructura  ya podía estar en marcha», denunció asimismo.

Pero, además, los diputados socialistas solicitaron la construcción de un nuevo espacio judicial en Tomelloso, la puesta en marcha de la autovía A-43 a Mérida y la variante de Fuente el Fresno. Así, demandaron medio millón de euros para cada de uno estos tres proyectos. De igual modo, citaron las enmiendas que piden añadir un millón de euros y 400.000 euros para las variantes de Puertollano -«localidad especialmente atacada por los responsables del PP»- y Almadén, respectivamente; cuatro millones para la línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén; 1,3 millones para el Centro de Integración del Mercurio de Almadén; y 3,8 millones para el Plan Especial del Alto Guadiana. «Aquí ya no nos vale el discurso de la crisis, porque estos 14,5 millones representan una partida presupuestaria 13 veces inferior a la que quieren destinar en la provincia de Cuenca para la construcción de un cementerio nuclear».

Barreda aseguró que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados son «electoralistas, inverosímiles y profundamente injustos». En este punto, aseguró que «enmascaran un recorte del gasto público muy importante que ahonda en el deterioro de los servicios públicos». Por otro lado, criticó que «sus previsiones de crecimiento e ingresos no se sustentan ni en la realidad ni en el entorno económico internacional». «Lo más penoso es que incrementan la desigualdad y, cuando no están garantizados los derechos esenciales, está en peligro la libertad individual del ciudadano», incidiendo en la lucha contra la exclusión social.