Antonio Díaz es zurdo porque no le queda más remedio. La talidomida, lanzada a finales de la década de los 50 por el laboratorio alemán Grünenthal como un fármaco enormemente eficaz contra los vómitos y las nauseas de las embarazadas, hizo que naciera con el brazo derecho mucho más corto. «Carezco de codo y tengo dos dedos unidos a modo de pinza», asegura en un intento por dar a conocer el alcance de la focomelia que padece. Como miembro de Avite, la Asociación De Víctimas de la Talidomida en España, este tomellosero solicita una indemnización bajo la premisa de que «la ética no debería prescribir». «Es una injusticia lo que se está haciendo con nosotros, porque en países como Alemania los afectados ya están cobrando una pensión vitalicia», puso de manifiesto invitando a la sociedad a firmar en la plataforma de ciberactivismo Change.org. Ya lo han hecho casi 200.000 personas después de que el Tribunal Supremo rechazara en septiembre del año pasado el recurso interpuesto por Avite porque el delito ha prescrito.

A pesar de que sus dolores son «soportables», Antonio denuncia la «doble moral» de Grünenthal en su nuevo spot televisivo. «No puede ser que los medicamentos que los alivian sean vendidos por la misma empresa farmacéutica que los produjo», lamenta. Cuando vino al mundo, se supone que la talidomida ya estaba prohibida. Pero Antonio, que ahora tiene 43 años, cuenta con dos informes de médicos forenses que ratifican su malformación a consecuencia de ella. El fármaco se retiró en siete países en 1961, cuando se descubrió que estaba detrás de las deformidades; pero no ocurrió lo mismo en España, donde las pastillas siguieron vendiéndose hasta 1963, según la versión oficial. La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) sostiene, por el contrario, que el medicamento no fue retirado de las farmacias hasta 1973. «He aprendido a apañarme con mi discapacidad hasta tal punto de no considerarme nunca un minusválido», precisa un hombre nacido en 1972 que, en sus propias palabras, tampoco ha conocido «otra cosa». No en vano, se sacó su plaza en el Ayuntamiento de Tomelloso y formó su propia familia. Eso sí, según confiesa, le preocupa que su hijo «sufra las preguntas de sus compañeros».

Una ayuda a devolver. «No te queda otra que aceptarte como eres», afirma su paisana Mercedes Martínez, una mujer de 58 años con el miembro superior izquierdo afectado. Estuvo cobrando una ayuda de la Seguridad Social hasta hace casi tres años. Entonces, recibió una carta del Ministerio en el que se le exigía la devolución de las cuantías percibidas desde 1979, año en el que contrajo matrimonio. «Según ellos, para seguir recibiéndola, no me tenía que haber casado», expone una tomellosera que lleva 36 años con su marido. «Tengo que devolver más de dos millones de pesetas a razón de 180 euros al mes, cuando a causa de la talidomida nunca he podido trabajar y le ayuda que me daban ni siquiera superaba los 100», pone de relieve con tintes de resignación. «Ahora hay oficinas, pero antes era el campo o el taller de costura», apostilla.

Tiene dolores, «cada vez peores», pero ya no se toma nada para hacerles frente. «He aprendido a vivir con ellos», señala. Pero no quita para que, al igual que Antonio, le indigne que Grünenthal cuente con una fundación contra el dolor mientras no responde a sus derechos. Se contabilizan unos 10.000 afectados por la talidomida en todo el mundo. En España fueron unos 3.000, aunque ahora sobreviven 483.

Ana Isabel Logroño, natural de Alcázar de San Juan, es otro de ellos. «Mi madre empezó a tomarla cuando le dijo al médico que tenía angustia, al principio del embarazo», recuerda. Cuando nació, su brazo izquierdo era mucho más corto que el pequeño. A pesar de ello, ha estado trabajando hasta hace cinco años en el Hospital La Mancha-Centro como auxiliar administrativo. Ahora Ana Isabel, que tiene 54 años, está en paro víctima de la crisis. «Me parece muy fuerte que Grünenthal saque al mercado fármacos contra el dolor, cuando la talidomida se estuvo vendiendo durante años bajo cuerda ya prohibida (uno de los medicamentos bajo los que se comercializaba, el Entero Sediv, aparecía en el Vademécum de 1975)», relata un alcazareña que deposita todas sus esperanzas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «No vamos a dejar de reclamar una pensión o una indemnización por los daños causados», asevera Ana Isabel, que el pasado 16 de diciembre tuvo que pasar por quirófano para someterse a una cirugía de prótesis de cadera. «Ahora me falta la izquierda», según añade.