La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avanza que asumirá el coste de dar de alta a los estudiantes ya que, en caso contrario, habría una reducción de empresas interesadas y de oportunidades para hacer unas prácticas que se consideran clave en el currículum universitario. Así lo avanzó a La Tribuna vicerrectora de Transferencia e Innovación, Ángela González, quien cree que el Real Decreto Ley afectará a otras partidas de la universidad al tener que dedicar recursos al pago de la Seguridad Social de estos estudiantes. Actualmente, la normativa aplicable exige que aquellas prácticas que sean remuneradas, curriculares o no, sean dadas de alta como asimilados en la Seguridad Social y las cuotas están bonificadas, el cambio es que ahora dejan de bonificarse esos gastos.
La obligación de que los becarios universitarios coticen podría suponer algo más de 200.000 euros en ingresos para la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real. El dato se infiere de los datos aportados por la UCLM y cálculos efectuados según la previsión del estado. Fuentes de la universidad explicaron que en el último curso con cifras desagregadas, 2016/2017, fueron 1.705 los estudiantes, 1.677 en Ciudad Real y 28 en Almadén, los que hicieron prácticas, y que implica que según el cálculo de la Seguridad Social, 51 euros por mes y 2,5 meses por estudiante, el pago asciende a 217.387,5 euros. Hay que tener en cuenta que del curso actual 2018-19, todavía no se conoce el número de alumnos que van a realizar prácticas, aunque se prevé que «la cifra esté en torno a los dos cursos anteriores», expuso la vicerrectora. En este sentido, durante el curso 2017-18 realizaron prácticas un total de 7.200 estudiantes en toda la zona UCLM, sin desglose por campus, y del 16-17 fueron 7.441 prácticas. En cálculos globales, para este curso el gasto total ronda el millón de euros. Ciudad Real es el segundo campus con más prácticos, solo superado por Toledo, con 1.788.
Del total de prácticas realizadas 4.881 fueron realizadas por mujeres y 2.560 por hombres. De todas ellas, el 81,5% son curriculares y el 18,5% son extracurriculares, algo que no cambia en nada los cálculos, ya que según el Real Decreto habría que cotizar por ambas. A su vez, el 53,4% se realizan en instituciones públicas, la mayor parte de ellas relacionadas con la sanidad y la educación, y el 46,6% en empresas privadas. Por ramas de conocimiento, el principal destino de las prácticas fueron Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 53,4 por ciento, seguidas de Ciencias de la Salud, con el 29,8 por ciento. Estas prácticas se realizaron entre las 1.177 empresas de la provincia que conveniaron con la UCLM, 5.393 si se añaden las de la región y el resto de España. «De todo este conjunto de convenios firmados con empresas e instituciones públicas, se han realizado prácticas en 1.500 distintas», expuso la vicerrectora. La mayoría de convenios, más de un 25 por ciento, son en empresas de actividades profesionales científicas y técnicas.
«Los costes del requisito del Real Decreto para la realización de prácticas externas por parte de los estudiantes serían importantes», dijo la vicerrectora, para «la obligación del alta y el pago recaería en la empresa que acoge a los estudiantes en formación salvo que exista en el convenio universidad-empresa un acuerdo en otro sentido que conllevaría a transferir el coste a las universidades», recordó. «En algunas regiones como la nuestra, con un tejido empresarial con pequeñas empresas es muy probable que esta exigencia les haga renunciar a la formación de los estudiantes en sus sedes y se reducirá notablemente la oferta de prácticas por parte de las organizaciones empresariales e instituciones públicas y privadas», dijo en declaraciones a este periódico. En este sentido, González apuntó que la UCLM considera las prácticas externas como parte crítica de la educación «para favorecer la transición de los estudiantes al mercado de trabajo» y, por este motivo, «la UCLM se vería obligada a tener que asumir dichos costes económicos de las cotizaciones y administrativos derivados de la necesidad de realizar los trámites para la realización del alta en la Seguridad Social en cada una de las estancias de prácticas externas, situación que agravaría la situación financiera de nuestra universidad y que provocaría reajustes en detrimento de otras partidas».
Esta situación en la práctica no implica cambios para los estudiantes, ya que «la obligación recaería sobre la empresa o sobre la universidad, suponiendo que en este segundo caso hubiera un convenio que así lo avalase». En el caso de las empresas, la vicerrectora señala a ese convenio, a firmarse entre ambas, aunque, por el momento, «la gestión y el tratamiento de las prácticas académicas externas no sufre ningún cambio inmediato, a la espera de que se desarrollen normas reglamentarias que permitan la aplicación del Real decreto Ley sobre esta materia».
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