La Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano (Fepu)  lamenta que el Ayuntamiento de la ciudad no haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas por esta organización a la modificación de las ordenanzas municipales. Unas alegaciones que «sólo pretendían la adopción de medidas acordes con el grave detrimento económico que afecta a todos los sectores sociales, comerciales y empresariales de la localidad» y que fueron rechazadas por la mayoría del Pleno de la Corporación. Fepu, a través de una nota de prensa, subraya la necesidad de mantener un nivel impositivo mínimo para garantizar la sostenibilidad de determinados servicios municipales, al tiempo que resalta que las alegaciones que fueron rechazadas «no eran en absoluto gravosas para las arcas municipales» y sí  representaban «una importante inyección de apoyo a la actividad empresarial y comercial de la ciudad». La propuesta de la patronal respecto al IBI era reducir la tasa en un porcentaje superior al 5%, teniendo en cuenta y ponderando la situación actual del mercado inmobiliario en Puertollano, con depreciaciones ostensibles que pueden alcanzar porcentajes alarmantes, como el 50 o el 60 % de su valor anterior o de compra inicial. Fepu propuso también sin éxito  una reducción de un 10% en el Impuesto de Actividades Económicas, «para mantener la actividad económica actual y fomentar la incorporación de más empresas o proyectos». Respecto al Impuesto  sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  (ICIO), «teniendo en cuenta la situación de inactividad e inoperancia que existe en el sector de la construcción, la Federación considera que «cualquier impuesto que pueda gravar las construcciones, instalaciones y obras debe ser reducido de forma apreciable y ostensible, en porcentajes que supongan un incentivo para el fomento de la  construcción en general, teniendo en cuenta que los gravámenes actuales pueden suponer un freno para tal fomento de obras». En relación a la tasa por el inicio de aperturas de nuevos establecimientos, FEPU defiende una bonificación del 50%. Además, entre otras propuestas, Fepu planteó la reducción de un 10% en el precio público por el tratamiento y depósito de residuos inertes en el vertedero municipal y en la tasa por el suministro de agua. Y en la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros y otras instalaciones análogas, la patronal no entiende ni comprende que se aplique un recargo del 100% en una población en la que «prácticamente ha desaparecido la construcción privada». «Esta tasa debiera estar acomodada al volumen de obra previsto en la ejecución de cada proyecto», indica Fepu, que propuso, sin que prosperase la enmienda, no sólo que no se produjera el recargo finalmente aprobado, sino que se redujera en un 10% esta tasa.