En el año 2012, en plena crisis económica y con las exigentes instituciones europeas fijando su mirada en el déficit de las cuentas españolas, el Gobierno nacional dio luz verde a la Ley Orgánica de Sostenibilidad Presupuestaria, una normativa defendida a capa y espada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que extendía a los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas un concepto con el que sí estaba familiarizado el Estado, pero que llegaba por primera vez a las administraciones de menor rango. Ese concepto era el techo de gasto, que va de la mano de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. (Más información en la edición impresa)